acosan sindicatos
Gómez Urrutia y el acoso oficial al sindicalismo
El pasado jueves, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación otorgó, por mayoría, un amparo al líder del Sindicato Nacional
de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la
República Mexicana (SNTMMSRM), Napoleón Gómez Urrutia, en contra de la
determinación de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) de
negar la toma de nota a esa agrupación sindical en junio de 2008, lo que
obliga al gobierno federal a reconocer la personalidad jurídica del
gremio y a su dirigente. De acuerdo con los ministros que avalaron el
amparo, la dependencia federal actuó indebidamenteal ir más allá de la
confirmación del cumplimiento o verificación de los requisitos formales
marcados en la ley para otorgar el registro a una organización sindical,
y se extralimitó, por tanto, de sus facultades legales en la materia.
El fallo de la corte se suma al emitido por un tribunal federal el
pasado 25 de abril en el sentido de cancelar la única orden de
aprehensión que se mantenía vigente en contra del líder minero por
presunto desvío de fondos pertenecientes a su gremio, por lo que, de
acuerdo con los abogados del SNTMMSRM, Napoleón está con un pie en
México luego de más de seis años de exilio en Canadá.
Las
resoluciones del Poder Judicial a favor del sindicato minero y su
dirigencia dejan al descubierto el carácter injustificable de la
persecución y el acoso de que ha sido objeto ese gremio durante las dos
administraciones federales panistas, actitudes que tuvieron como punto
crítico la tragedia de la mina de Pasta de Conchos (19 de febrero de
2006) y los posteriores intentos de las autoridades por encubrir la
responsabilidad patronal en el hecho que costó la vida a 65 trabajadores
mineros.
Cabe recordar que en los días posteriores a la tragedia, y
ante las críticas formuladas por Gómez Urrutia por la irresponsabilidad
de la empresa y de las autoridades encargadas de supervisar las
condiciones laborales imperantes en el socavón siniestrado, el gobierno
foxista, que hasta entonces mantenía buenas relaciones con la dirigencia
sindical, emprendió una injerencia abierta e ilegal en la vida interna
de la organización –cuyo componente central fue, justamente, la negación
de la toma de nota al líder sindical–, que llevó al punto de pretender
imponerle, por conducto de la STPS, una cúpula espuria. En el sexenio
calderonista persistió la intromisión gubernamental en los asuntos de la
organización e incluso se extendió a otros ámbitos, como ocurrió con la
campaña de desconocimiento de la dirigencia del Sindicato Mexicano de
Electricistas, encabezada por Martín Esparza, y el apoyo oficial
brindado a la disidencia encabezada por Alejandro Muñoz.
Tanto más
impresentable ha resultado la utilización, en estos episodios, de las
dependencias gubernamentales encargadas de procurar o impartir justicia
como instrumentos de golpeteo político de opositores.
Resulta
significativo al respecto que el desempeño de la Procuraduría General de
la República durante el conflicto minero no se haya destacado por
esclarecer la tragedia de Pasta de Conchos o los atropellos policiales
cometidos contra los trabajadores del gremio en Sicartsa o en Cananea,
sino por su empecinamiento en presentar, mediante acusaciones no
sustentadas y ahora desestimadas por los tribunales, como delincuente a
alguien que, en estricto rigor legal, es inocente.
La embestida
gubernamental contra el gremio minero y su dirigente es emblemática, en
suma, de la política oficial de hostigamiento a las expresiones del
sindicalismo independiente que fue inaugurada hace décadas por las
presidencias priístas y que ha sido retomada y profundizada bajo las
administraciones blanquiazules. En lo inmediato, y habida cuenta de los
fallos judiciales favorables al sindicato minero, es pertinente y
necesario que se investigue y se esclarezca la responsabilidad política
en que pudieron haber incurrido los distintos funcionarios –empezando
por Francisco Javier Salazar Sáenz y Javier Lozano Alarcón, titulares de
la STPS durante los gobiernos de Fox y de Calderón, respectivamente–
que participaron en la persecución transexenal contra el gremio.
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