Otra de Montaño Cuadra
Más “cañón” que Lozano Alarcón
Es común que se manifiesten y marchen los trabajadores, campesinos,
organizaciones sociales, populares y ahora los estudiantes… pero cuando
ya lo hacen los abogados, conocedores del derecho, entonces la situación
por la que protestan es aún más grave.
Y eso es precisamente
lo que ocurre en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) del
Distrito Federal, situación que puede desembocar en un conflicto social
de graves consecuencias e inestabilidad, aunque señala el denunciante
Lauro Sol, hasta hace unos días presidente de la Junta Especial número
15: aún hay tiempo de desactivarlo si en las altas esferas del gobierno
federal queda un poco de prudencia, sensibilidad y sentido común… lo que
este escribidor pone en duda.
Cuenta Lauro Sol que hace justo
una semana, el miércoles 23, a las 13 horas, en un hecho inusual que no
se recuerda, abogados litigantes se manifestaron ante las puertas de la
JLCA contra el presidente titular, Ramón Montaño Cuadra, a quien señalan
de haber impuesto en ese tribunal criterios antisindicales que ni el
propio Javier Lozano Alarcón se atrevió a aplicar cuando era titular de
la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, lo cual ya es muy grave.
Lo anterior motivó incluso que el personal de la JLCA exigiera la
derogación de esos criterios contrarios a la justicia laboral y la
destitución de su presidente mediante una marcha el pasado 1 de mayo,
Día Internacional del Trabajo, y un paro de labores.
Volviendo
al caso de los abogados litigantes, en el comunicado que leyeron el
pasado miércoles a las puertas de ese tribunal, señalaron la arbitraria
imposición por parte del ocupante de Los Pinos, Felipe Calderón, de
Ramón Montaño Cuadra quien, afirmaron, no reúne los requisitos
establecidos en el artículo 612 de la Ley Federal del Trabajo, en
especial lo relativo a “haberse distinguido en estudios de derecho del
trabajo y de la seguridad social”, toda vez que es de sobra conocida su
total ignorancia en estas materias. Además, que su única experiencia
laboral en el gobierno federal y en el local ha sido en áreas
administrativas y financieras.
Dijeron que Montaño Cuadra
impuso el pago de las copias de actuaciones y expedientes al precio de 8
pesos por hoja, lo que perjudica a los trabajadores desempleados y
viola la disposición legal que ordena que todas las actuaciones de las
Juntas deban ser gratuitas.
Así como emitir criterios en
materia Colectiva que violan el artículo 123 constitucional y la Ley
Federal del Trabajo, ya que establecen requisitos no contemplados en la
ley para realizar emplazamientos para demandas de la firma de contratos
colectivos; para la Toma de Nota de dirigencias sindicales,
contraviniendo incluso lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia en
el caso del Sindicato Minero; para ejercer el derecho de huelga,
etcétera.
Con esos criterios que ni siquiera Lozano Alarcón se
atrevió a promulgar se confirma la ignorancia de Montaño Cuadra, ya que
los artículos 614 y 615 de la Ley Federal del Trabajo solamente los
contempla para el caso de que dos Juntas Especiales sostengan tesis
contradictorias.
También, de imponer requisitos y obstáculos
para el ingreso al edificio de la Junta, lo cual perjudica gravemente a
los trabajadores y litigantes al ver retrasado y entorpecido su ingreso.
Otro hecho muy grave, añadieron los denunciantes, es el gasto
millonario en remodelación y en aspectos superfluos, descuidando
totalmente el aspecto sustantivo de la Junta y sin incrementar el número
de Juntas Especiales ni del personal operativo y designando para cargos
claves de la Junta a sus amigos, que no reúnen el perfil para
desempeñarlo, verbigracia: el caso de un arquitecto como secretario de
Conciliadores y a una persona sin escolaridad como coordinadora de
Administración, lo que ha originado un grave rezago y retraso en la
tramitación de juicios.
A las anteriores anomalías, el
presidente titular de la JLCA, Ramón Montaño Cuadra, suma otro hecho
grave y absurdo contra un presidente de esa instancia laboral, sólo por
hacer su trabajo, es decir, impartir justicia laboral y conciliar
intereses de las partes antes del trámite de emitir laudos, que con
frecuencia enconan los conflictos.
Montaño Cuadra solicitó al
jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, la destitución
del presidente de la Junta Especial 15, de la JLCA, Lauro Jonathan Sol
Orea, trámite que recibió el secretario de Gobierno de Distrito Federal,
Héctor Serrano Cortés, quien citó en su despacho al juez laboral,
acusado de lograr que en 13 juicios las partes (trabajadores y patrones)
llegaran a convenios o se desistieran, agilizando la impartición de
justicia, antes de dictar laudos, y de haber autorizado dos embargos
precautorios, cuando la ley lo autoriza. El mundo al revés.
Sol
Orea compareció el pasado 12 de marzo ante Serrano Cortés, a quien
argumentó la improcedencia de la solicitud de su destitución e
informarle que prepara su defensa.
Ante la exigencia absurda
del presidente titular de la JLCA, el abogado Lauro Sol ha recibido
numerosas muestras de apoyo de organizaciones y personas reconocidas en
el ámbito del derecho, como la Asociación Nacional de Abogados
Democráticos, la Asociación de Abogados Litigantes de México, la
Asociación de Juristas de México, el Colegio de Profesores del Derecho
del Trabajo de la Facultad de Derecho de la UNAM, el Colegio de
Profesores de la UAM; el ex procurador de Justicia del DF, Bernardo
Bátiz; los abogados laborales Néstor de Buen, Arturo Alcalde, Alfredo
Sánchez Alvarado, decano de la Facultad de Derecho de la UNAM.
También de José Dávalos, ex director de la Facultad de Derecho de la
UNAM; Jesús González Schmall, litigante y ex diputado federal; Jaime
Cárdenas, diputado y ex consejero del IFE; Antonio Montes Peña, ex
presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, e Isabel
Moles Escobar, ex presidente de la Junta Local de Conciliación y
Arbitraje, entre muchos otros.
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