El
1 de enero de 1994 se inició de manera explícita el conflicto en
Chiapas con el levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación
Nacional (EZLN). Este movimiento busca el reconocimiento y respeto de
los derechos indígenas, y desde sus inicios la Sociedad Civil
Las Abejas se mostró simpatizante con sus demandas aunque no con los
medios que el EZLN proponía para conseguirlas, es decir con la lucha
armada. Así es como se plantea la cercanía de las abejas con el
zapatismo, como un movimiento paralelo que impulsa una lucha pacífica.
La
guerra abierta dura pocos días ante la presión de la sociedad civil
nacional e internacional y para el 10 de enero de 1994 se firma un pacto
de no agresión entre el Estado mexicano y el grupo insurgente. Pocos
meses después se inician los diálogos que buscaban llegar a un desenlace
definitivo entre las partes enfrentadas, primero en San Miguel Ocosingo
y en San Cristóbal de Las Casas en 1994 y posteriormente en San Andrés
Larrainzar a partir de 1995. En este proceso que intentaba dar solución
del conflicto, Las Abejas participan activamente dentro de los
cinturones de paz que buscaban proporcionar apoyo a la seguridad de la
comandancia del EZLN así como al interior de las discusiones que
proporcionaron propuestas para las mesas de diálogo.
Según
Pablo Romo, exdirector del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de
Las Casas (CDHFBLC), mientras los representantes del gobierno mexicano
se sentaban a dialogar en busca de la paz, el ejército mexicano comenzó
la implementación, por órdenes del ejecutivo federal, una estrategia
contrainsurgente descrita como “guerra de baja intensidad”. La
estrategia plantea el entrenamiento de grupos armados al interior de las
comunidades que hicieran el “trabajo sucio” y con eso lograr hacer
parecer los ataques como conflictos intra e inter comunitarios, a la par
de un desarrollo propagandístico que tiene como objetivo desacreditar
la información que incrimine las acciones gubernamentales.
Con
la intención de “matar al pez quitándole el agua” e interpretando que
todos los que no colaboran con el gobierno están en contra del gobierno,
a partir de 1995 el Estado mexicano impulsa la creación de grupos
paramilitares que continuamente acosan a los miembros de los distintos
grupos políticos simpatizantes con el zapatismo. En un principio la
estrategia fue implementada en el norte del estado, principalmente en
los municipios de Palenque, Catazajá, Tila, Sabanilla, Yajalón y Chilón,
sirviendo como una especie de “laboratorio de operaciones” como refiere
Blanca Martínez, actual directora del CDHFBLC. Es a partir de 1996,
debido entre otras cosas a la creación del municipio autónomo de Polhó y
al engrosamiento de las filas zapatistas en la zona, que la guerra de
baja intensidad llega a Los Altos.
Para
principios de 1997 el conflicto político en la zona comienza a
complejizarse y los grupos paramilitares actúan de manera constante
tomando represalias en contra de quienes no aceptan sumarse a su causa.
Posteriormente, pugnas entre zapatistas y priístas por el derecho de
explotación de un banco de arena en el paraje de Majomut vendrá a ser
una excusa usada por los paramilitares para incrementar las acciones de
violencia.
La
ola de temor que se desencadenó como consecuencia del continuo
hostigamiento de los habitantes de las comunidades por parte de los
grupos paramilitares, llevó al desplazamiento de alrededor de 9.000
personas en el área que tuvieron que ser reacomodadas en comunidades
simpatizantes con sus respectivos filiaciones políticas que sirvieron
como campamentos de desplazados. Asimismo, el reacomodo poblacional
masivo significó numerosas amenazas y la presencia de varios cuarteles
militares a la entrada de las comunidades, muchos de los cuales
permanecen hasta la fecha.
La
escalada del conflicto llevó a que el 22 de diciembre de 1997, un grupo
de tsotsiles equipados con armas de grueso calibre dispararan en contra
de 45 personas abejas (18 mujeres adultas, cinco de ellas con embarazos
hasta de 7 meses de gestación; 7 hombres adultos; 16 mujeres menores
de edad, entre los 8 meses y los 17 años de edad; 4 niños entre los 2 y
los 15 años de edad) e hirieron a 26, en su mayoría menores de edad,
varios de ellos resultaron con lesiones permanentes.
El
hecho violento tuvo sus consecuencias políticas inmediatas con la
renuncia del Secretario de Gobernación Emilio Chuayffet y del Gobernador
de Chiapas Julio César Ruiz Ferro, así como por la aprehensión de
Jacinto Arias Cruz, presidente municipal de Chenalhó por ser sospechoso
de haber proporcionado el armamento necesario para realizar la acción.
Sin embargo el hecho de que no ha sido investigado ningún funcionario de
alto rango, como el ex Presidente de la República Ernesto Zedillo o dirigentes militares, hace sentir a las comunidades abejas que la acción se mantiene impune.
Por
otro lado Las Abejas refieren que el hecho de que acciones como la
masacre de Acteal, o casos como los de Aguas Blancas en 1995 o 
Oaxaca y San Salvador Atenco en el 2006 se mantengan en la impunidad, refleja las intenciones que
tiene el Estado mexicano de destruir a toda costa, sin importar el
costo en vidas humanas, los movimientos que buscan impulsar un cambio social.
Oaxaca y San Salvador Atenco en el 2006 se mantengan en la impunidad, refleja las intenciones que
tiene el Estado mexicano de destruir a toda costa, sin importar el
costo en vidas humanas, los movimientos que buscan impulsar un cambio social.
A
más de 10 años de ocurrido el hecho que modificó tajantemente las
dinámicas sociales de las comunidades abejas, Acteal se presenta como un
punto desde el cual se emite una declaración de repudio ante las
relaciones asimétricas que impulsa el gobierno mexicano en contra de las
comunidades indígenas.
Nombre y edad de las víctimas de la masacre
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