Hugo Aboites*
El derecho de niños y jóvenes a la
educación se invoca reiteradamente como argumento para descalificar las
protestas de los maestros. Es obvio que se le menciona no porque se quiera
fortalecer su cumplimiento, sino porque resulta políticamente útil contra el
prolongado movimiento de protesta de padres de familia, estudiantes y
profesores. Pero eso no descalifica la necesidad de una reflexión sobre este
punto.
Los docentes argumentan, no sin razón,
que se trata de una medida extrema, pues durante meses y por múltiples canales
buscaron de forma infructuosa un diálogo real sobre los graves inconvenientes
laborales y educativos que tenía el proyecto de un nuevo orden jurídico en la
educación, diálogo que nunca se dio. La figura de la suspensión de labores escolares,
por cierto, no es totalmente ajena al marco de la legalidad mexicana. Existe
como recurso perfectamente legal que tienen todos los trabajadores de la educación de todos los
niveles y modalidades aunque, como es obvio, en el estado de subordinación
permanente del titular (SNTE) es inconcebible que se declare de manera formal.
Pero ahí está, como un derecho que no fue tocado con la reforma y, por eso,
forma parte del estado de derecho.
Así que en este momento, como en muchas otras situaciones, conviven
dentro del marco legal dos derechos válidos y de ejercicio limitado (el de la
educación y el del recurso a medidas como la suspensión de labores), ambos
igualmente reconocidos y donde también están involucrados el interés superior
de personas concretas. Lo ideal, como siempre, sería que existiera una
autoridad con la sensibilidad para ocuparse activa y eficientemente de que esta
colisión de derechos e intereses no se diera. Sin embargo, como no se ejerció
esta principalísima y constitutiva función de Estado, el conflicto ha crecido,
involucra a nuevos sectores sociales y sigue pendiente de resolución.
Por otro lado, hay que tener en cuenta que el ejercicio del
derecho a la educación, aunque involucra y se materializa en personas y
situaciones concretas, ocurre siempre en el marco de dinámicas sociales e
históricas mucho más amplias. En los años 20 y 30 del siglo pasado, por ejemplo,
y como respuesta a los cambios que trajo la revolución de 1910, hubo una masiva
iniciativa de educación para todos, que abrió desde entonces para decenas de
millones de niños y jóvenes el derecho a la educación. Es cierto que en
determinados momentos y en búsqueda de una mayor democracia sindical y mejores
salarios (ambas cuestiones que tienen que ver con el mejoramiento de la educación) hubo
suspensiones de labores en las escuelas, pero en los hechos el derecho a la
educación y a una instrucción de amplios horizontes (que aún subsiste en la
fracción II del tercero constitucional) se fortaleció con los años y se fijó
como un referente nacional. Ese dinamismo social tan importante, sin embargo,
claramente se frenó a partir de los acuerdos que en los 80 los gobiernos
comenzaron a establecer con las cúpulas del poder económico de dentro y fuera
del país. Acuerdos que –bajo el concepto de
calidad– tuvieron un impacto directo en el derecho a la educación.
Por ejemplo, los recursos para este rubro en el presupuesto
federal disminuyeron a casi la mitad; la matrícula en educación básica, que
había venido creciendo a un ritmo de alrededor de 20 por ciento cada cinco
años, se detuvo y comenzó a bajar, con eso millones de niños quedaron sin
escuela de manera definitiva, y finalmente, con iniciativas para mejorar la
calidad–como la carrera magisterial, Enciclomedia, escuelas de calidad y Enlace– no hubo mejoría. Por otra parte, se modificó el tercero constitucional para abrir paso a la privatización; terminó la dinámica de creación de numerosos bachilleratos y universidades, y las principales instituciones redujeron su matrícula hasta en un 20 por ciento (algunas durante 30 años); se aumentaron las colegiaturas; el país se pobló de bachilleratos y universidades privadas de pésima calidad y se creó el Ceneval para regimentar el acceso a los niveles superiores. Durante décadas el excluyente y discriminatorio
examen únicode la SEP ha dejado sin escuela a decenas de miles de jóvenes cada año.
Después de tres décadas de este nuevo contexto de educación de la
agenda empresarial, México es hoy un país con millones de analfabetas y
millones de niños sin escuela; un rezago de 37 millones de adultos sin
educación básica; cerca de 14 millones de jóvenes sin escuela y sin futuro, y
con el nivel de los más bajos de América Latina en el cumplimiento del derecho
a la educación superior.
Con todos los matices que quieran hacerse, es evidente que en
estos últimos 30 años no han sido los maestros, sino la conducción de la
educación a partir de la agenda empresarial lo que ha significado un desastre
mayúsculo para el derecho a la educación de niños y jóvenes. En realidad, al
defender sus derechos y rechazar el proyecto empresarial de educación, los
profesores y otros sectores sociales están defendiendo el carácter público y
abierto de la educación y rechazando que siga en manos de empresarios con su
proyecto de
desarrollo del capital humano de México(
Ahora es cuando, Mexicanos Primero, pág. 5). Son muchos los padres de familia los que están de acuerdo con esto y ellos mismos cierran escuelas. Como dicen, para que mañana éstas puedan ser gratuitas, públicas, dignas y de todos los mexicanos.
*Profesor-investigador de la UAM-X. Autor
de
El derecho a la educación en México: del liberalismo decimonónico al neoliberalismo del sigloXXI, Revista Mexicana de Investigación Educativa, 2012, Núm. 53 (disponible en Internet)
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