Arturo Alcalde Justiniani
En pocos días se ha generado un
escenario inesperado en torno a la reforma educativa. Después del cambio
constitucional al artículo 3, se esperaba que la ley reglamentaria del servicio
profesional docente quedara sujeta al debate público y a la participación de
los maestros y especialistas. Se esperaba también una ley que respetara el
papel protagónico que se había otorgado al órgano autónomo Instituto Nacional
para la Evaluación de la Educación (INEE), mandatado por la propia Carta Magna,
para “…evaluar la calidad, el desempeño y resultados del sistema educativo
nacional…” Una ley que impulsara la calidad educativa y que garantizara los
recursos para mejorar la infraestructura e impulsar la formación y
participación de los órganos colegiados con personal calificado para resolver
temas como el de ingreso y promoción. En suma, la expectativa en torno a la
reforma se centraba en encontrar la mejor manera de responder a lo que en
muchos años se identificó como necesidades para lograr un mejor desarrollo de
esta política tan importante para el país.
Lamentablemente el proceso legislativo transitó
por una vía distinta. No hubo debate, se omitió una visión integral y no se
tomaron en cuenta las observaciones de maestros y especialistas. La ley fue
aprobada en un atrabancado proceso que incluyó cambios al texto, agregados la
noche anterior a su votación en la Cámara de Diputados, contraviniendo la
legalidad interna del órgano legislativo. Así se impidió una votación
informada, se impuso la consigna y operó la aplanadora. Todas las reservas
fueron rechazadas, negándose incluso la posibilidad de discutirlas.
El producto final fue una ley de corte
administrativo-laboral que, si bien contiene aspectos positivos como el examen
de oposición para el ingreso, exhibe claramente la intención de controlar y
subordinar a los maestros a través de las facultades de evaluación y despido
que la ley otorga a la burocracia educativa (hoy priísta) en los diferentes
niveles de gobierno, en menoscabo de las atribuciones constitucionales
otorgadas al INEE. Prueba de ello es el contenido del artículo 52 de la ley, el
cual señala que
las autoridades educativas y los organismos descentralizados deberán evaluar el desempeño docente...Es cierto que existen facultades complementarias entre el instituto y las autoridades, sin embargo, en el texto de la ley se otorga un amplio margen de maniobra a estas últimas. Por otro lado, coloca a los maestros como los únicos responsables del resultado educativo imponiéndoles un régimen de acoso e inestabilidad permanente, como si la indefensión fuese la vía idónea para lograr su mejor desempeño. Además, la nueva regulación desaparece toda forma de representación colectiva excluyendo incluso al propio Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).
El rechazo de los maestros a la nueva ley ha sido
creciente y generalizado. No se escuchan voces en su favor. El verdadero sentir
se ha expresado en la calle a través de un movimiento de insurgencia que si
bien es encabezado por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación
(CNTE) ha trascendido sus espacios tradicionales a lo largo y ancho del país.
En el ámbito de los especialistas de la educación también aflora una crítica
fundada en un enfoque reduccionista de la ley, dejando huecos y omisiones que
generan gigantescas dificultades para su instrumentación. En estos pendientes
parece estar la clave de la acción organizada de los maestros.
Ante este escenario tan confuso e incierto
aparecen distintas interrogantes: ¿Cómo van a lograr consolidar sus fuerzas la
CNTE y la insurgencia magisterial que la acompaña? ¿Qué cambios debe llevar a
cabo el SNTE para salir del corralito que le ha impuesto el gobierno evitando
el desmembramiento que como organización nacional reclaman los sectores más
conservadores? ¿Qué actitud debe asumir el órgano autónomo (INEE) para
recuperar sus facultades constitucionales frente a los órganos burocráticos que
pretenden desplazarlos? ¿Qué comportamiento deben asumir la sociedad organizada
y los sectores especializados para impedir un simple recambio en el sistema de
control exhibiendo las verdaderas intenciones de sectores como Ciudadanos
Primero y Televisa, que hoy pretenden hablar en nombre de la ciudadanía?
La definición dependerá en buena medida de la
capacidad de los maestros para consolidar sus fuerzas y de convertir en
organización el conjunto de la insurgencia. El SNTE debe comprender que la
llave para su supervivencia está en asumir una agenda democrática que permita
la defensa colectiva. Constituye un gigantesco error que su dirigencia apoye la
represión a los maestros movilizados por su legítimo reclamo en contra de una
ley que lesiona a todos. Adoptar el voto secreto universal y directo en todas
las instancias sindicales favorecería la transparencia, la rendición de cuentas
y la legitimidad del SNTE, neutralizando el reclamo empresarial de corte
antisindical y creando las condiciones para lograr una nueva correlación de fuerzas
en favor de los maestros y de una auténtica reforma educativa en beneficio del
país.
Los sindicalistas y los luchadores sociales han
demostrado que los movimientos también se ganan o se pierden en la etapa
posterior a los acuerdos. El paquete legislativo tiene tantas asignaturas
pendientes que no será viable si no participan los maestros. Los convenios que
se celebran ante las autoridades podrán incluir agendas locales, desistimiento
de medidas represivas o comisiones de análisis y resolución. Sin embargo, los
verdaderos avances dependen de la capacidad de organizarse en la cotidianeidad,
de dar cauce a la pluralidad que se desarrolla en diferentes regiones del país,
de crear un frente común en defensa de los intereses laborales, pero también de
los educandos; motivo y razón de tan generosa profesión.
No hay comentarios:
Publicar un comentario