¿REFORMA EDUCATIVA O REFORMA LABORAL?
Mtra. Martha de Jesús López Aguilar.
“El
mejor modo de defender nuestros derechos, es conocerlos bien; Así se
tiene fe y fuerza: Toda nación será infeliz en tanto que no eduque a
todos sus hijos. Un pueblo de hombres educados será siempre un pueblo de
hombres libres. La educación es el único medio de salvarse de la
esclavitud. Tan repugnante es un pueblo que es esclavo de hombres de
otro pueblo, como esclavo de hombres de sí mismo”.
José Martí
Ponencia
presentada en la Conversación Educativa “Miradas sobre la reforma
educativa” en el XII Congreso Nacional de Investigación Educativa organizado
por el Consejo Mexicano de Investigación Educativa en el Centro de
Convenciones de la Ciudad de Guanajuato el 19 de noviembre de 2013.
ANTECEDENTES
La reforma
educativa promulgada el 26 de febrero de 2013 es la primera reforma
estructural impuesta por el gobierno peñista y representa la culminación
de acuerdos, alianzas, compromisos y pactos entre los poderes facticos
nacionales e internacionales durante los últimos 4 sexenios que
influyen en la política educativa fomentando la privatización de la
educación pública y deteriorando los derechos laborales de los
trabajadores de la educación.
Uno de los
poderes facticos internacionales es la Organización para el Comercio y
Desarrollo Económico (OCDE), empresa trasnacional lucrativa que vende
políticas educativas[1]
como: la Alianza por la Calidad Educativa (ACE) presentada el 15 de
mayo de 2008 que representó el pacto político electoral entre Gordillo y
Calderón; “Acuerdo de Cooperación México-OCDE para mejorar la calidad de la educación de las escuelas mexicanas” presentada en septiembre de 2010; “Avances en las reformas de la educación básica en México. Una perspectiva desde la OCDE” de 2012; “Panorama Educativo (2012); “México. Mejores políticas para el desarrollo incluyente”
contiene 109 recomendaciones que inciden directamente en la reforma
tributaria, energética y especialmente en la educativa de las que se
derivan las 3 leyes secundarias (INEE, LGE y LGSPD) fue entregada a Peña
Nieto previo a la posesión presidencial en septiembre de 2012.
Otro poder
factico es el de Mexicanos Primero como lo explica Hugo Aboites “es un
organismo de grandes empresas nacionales que es uno más de los grupos
“civiles” empresariales que en América Latina presionan por un cambio
en la educación a fin de orientarlo a la formación de capital humano”[2] y ha incidido en la reforma educativa a través de informes sobre el estado de la educación en México. Estos son: Contra la pared, 2009; Brechas, 2010; y Ahora es cuando. Metas 2012-2024.
Este último documento habla de 4 caminos para la transformación
educativa, incluidos totalmente en la reforma educativa: 1. Recuperar la
rectoría del Estado mexicano en educación; 2. Profesionalización
docente; 3. Gasto transparente y eficiente y 4. Autonomía y
participación de las escuelas. Además propone un calendario de acciones
2012-2024 de manera puntual y que ya se está llevando a cabo. Las
propuestas de la OCDE y de Mexicanos Primero fueron introducidas en los artículos 3º y 73 Constitucional y en las leyes secundarias.
¿AUTONOMÍA DE GESTIÓN DE LAS ESCUELAS?
La reforma
educativa comenzó desde 1992 con el Acuerdo para la modernización
Educativa (ANMEB) y una de las líneas de acción fue la descentralización
administrativa de los servicios educativos a los estados y la creación
de los Consejos Escolares de Participación Social. Con ello, la
federación redujo el presupuesto educativo y los estados se vieron
obligados a dar más, provocando deterioro y carencias de mantenimiento e
infraestructura en las escuelas durante dos décadas.
La autonomía
de gestión escolar tendría la función de resarcir este daño a la
escuela pública. Por eso no es ningún mito afirmar que la educación
pública se privatiza, pese a que existe una situación contradictoria en
la ley, porque en el art. 3º Constitucional se afirma que toda la
educación que imparta el Estado será gratuita. Y en la Ley General de
Educación artículos 2, 3, 4 y 19 hablan del derecho de recibir
educación, así como la obligación del estado de prestar los servicios
educativos. De manera más explícita en el art. 6 se afirma que la
educación que el Estado imparta será gratuita y el art. 25 menciona la
responsabilidad del Ejecutivo Federal y de los gobiernos estatales de
concurrir al financiamiento de la educación pública y de los servicios
educativos.
Sin embargo, en el art. 73, Quinto Transitorio, Fracción III, inciso a) se habla de fortalecer
la autonomía de gestión de las escuelas ante los órdenes de gobierno
que corresponda con el objetivo de mejorar su infraestructura, comprar materiales
educativos, resolver problemas de operación básicos y propiciar
condiciones de participación para que alumnos, maestros y padres de
familia, bajo el liderazgo del director, se involucren en la resolución
de los retos que cada escuela enfrenta.
En la Ley General de Educación en el artículo 12 V Bis y XII Bis se menciona “Emitir, en las escuelas de educación básica, lineamientos generales para formular los programas de gestión escolar…” y el art. 28 Fracción III expresa lo siguiente: “Administrar en forma trasparente y eficiente los recursos…”
en ambos artículos se afianza y confirma la participación entre los
alumnos, maestros y padres de familia, bajo el liderazgo del director,
de involucrarse en la resolución de los retos que cada escuela enfrenta.
Además existe el “Manual de Mantenimiento Escolar. Cuidemos nuestra escuela. Elaborado
por el Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa (INIFED)
que establece las actividades donde se “requiere de la participación
activa de los diversos miembros de la comunidad escolar, particularmente
los padres de familia en coordinación con el director y los maestros”,
según el propio manual los ámbitos de responsabilidad son: instalaciones
eléctricas, hidráulicas y sanitarias, impermeabilización, pintura,
tratamiento de la basura, mantenimiento del mobiliario y las áreas
verdes. Sugiere crear un Comité de Infraestructura para hacer el
diagnóstico de necesidades y gestionar para resolverlas.[3]
A través de
la autonomía de gestión avanzaría aún más la subrogación de servicios y
el subsidio al sector privado. Como afirma Luis Hernández Navarro, se
permita la entrada a centros escolares de empresas que proveen recursos y
se convierta en letra muerta el precepto constitucional que garantiza
la gratuidad de la educación pública, facilitando la entrada a las
escuelas de gestores privados que puedan comerciar con las necesidades
escolares.[4] En un mediano plazo, se definirán modelos de financiamiento basado en la demanda con una lógica de mercado.
PRIVATIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN.
Existen
otras formas de privatización de la educación, como lo menciona
Hernández Navarro: “Privatizar significa transferir una empresa, un bien
o una actividad del sector público al sector privado. Privatizar
implica ceder a particulares, por la vía de la venta, la transferencia,
la subrogación o la asociación, áreas, responsabilidades y activos
públicos.” [5]
En México la
privatización de la educación se presenta de diversas maneras como: el
programa nacional de financiamiento a la educación superior al entregar
un monto de “Becas- crédito” a escuelas privadas, varias de ellas de
dudosa calidad;[6]
la capacitación, actualización y profesionalización pagada por los
maestros; desaparece en algunos estados la cooperativa escolar y en su
lugar están las tienditas escolares o las microempresas,[7]
participación de empresas contratadas en el mantenimiento e
infraestructura escolar; el contrato con editoriales extranjeras, el
fraudulento contrato millonario con Enciclomedia y el Programa de
Habilidades Digitales, que son materiales de dudosa calidad y pronto se
vuelven obsoletos; la subrogación y contratación de los servicios
educativos,[8]
la integración de alumnos con discapacidad a escuelas regulares;
eliminar el cobro de impuestos a colegios particulares con un monto
anual aproximado de 12 millones de pesos; las cuotas escolares
“voluntarias” para todo tipo de gastos (insumo, remodelación de
instalaciones, mantenimiento de la conectividad de internet, etc.);
mano de obra que dan los padres de familia para hacer diversas
reparaciones o la limpieza escolar; pago de alimentos en ETC; aumento de
escuelas normales privadas mientras a las escuelas públicas y sobre
todo rurales se les asfixia reduciéndoles el presupuesto; la venta de
millones de exámenes estandarizados; la promoción de formas rápidas de
certificación con una empresa evaluadora; el aumento de escuelas
subvencionadas, etc.
A través de
una asociación público-privada se transfiere a agentes privados la
contratación de obras, estudios, publicaciones, evaluaciones que son
responsabilidad de los gobiernos federal o estatal.
Elsie
Rockwell reconoce que en los últimos 20 años las reformas educativas se
han generado con el impulso del neoliberalismo, lo que implica la
destrucción del patrimonio educativo del país, imponiendo su proyecto
ideológico de libre mercado con un despojo total, privatizando el
espacio público provocando que no haya una educación para todos. Genera
un sistema diferente, que impone la segmentación entre escuelas públicas
y privadas. Las escuelas con mayor Ranking tienen mayor prestigio y se
les otorga mayor presupuesto. Además se da un proceso en el cual se
privatizan las ganancias y se socializan las pérdidas. Los empresarios
venden al estado productos educativos sirvan o no, sean necesarios o no.
Para ella, la autogestión escolar significa que “las escuelas se rasquen con sus propias uñas.”[9]
Por todo
ello, se afianza la legitimación de la privatización, de tal forma que
la sociedad mexicana siente este avance como normal, creyendo que así se
puede lograr la calidad educativa, sin percibir que la educación
termina siendo un negocio y una mercancía.
Con la
autonomía de gestión escolar aumentará la marginación socioeconómica, la
segmentación y clasificación de escuelas de primera y de segunda. Se
profundizarán las desigualdades y rezagos educativos.[10]
REFORMA LABORAL-ADMINISTRATIVA
Queda
demostrada cada vez más que la supuesta reforma “educativa” es una
reforma laboral y administrativa que tiene serias implicaciones contra
los derechos laborales de los trabajadores de la educación y un
retroceso en el ámbito pedagógico, como lo han demostrado expertos en lo
jurídico y laboral.
A partir de
la reforma al artículo 3º y 73 Constitucional se promulgan y publican
las 3 leyes reglamentarias (INEE, LGE y LGSPD) aunque las 3 son
vinculantes la que más contiene afectaciones a los derechos laborales es
esta última.[11]
De la cual se deriva el Decreto por el que se crea la Coordinación
Nacional del Servicio Profesional Docente, siendo Ramiro Álvarez Retana
el Coordinador Nacional;[12]
y se promulga el Acuerdo número 676 por el que se emiten las reglas de
operación del Programa del Sistema Nacional de Formación Continua y
Superación Profesional de maestros de educación Básica en Servicio.
Con estas
leyes, acuerdos y reglamentos se legaliza el marco jurídico que modifica
los derechos laborales de los trabajadores de la educación,
estableciendo un régimen de excepción laboral anticonstitucional, al
implementar disposiciones jurídicas exclusivas a pesar de que existen
preceptos constitucionales y legales que regulan el régimen laboral de
los trabajadores al servicio del Estado.
A
continuación se presenta una síntesis que presenta Daniela Santoyo “las
12 razones por las que se movilizan los maestros”, en referencia a un
análisis que hace el Doctor en Derecho Manuel Fuentes Muñiz sobre las 32
razones que sostiene la negativa de la CNTE a reconocer la aplicación
de la LGSPD.
- Se aplica de manera retroactiva la ley en perjuicio de quienes laboran actualmente en educación básica y media superior, contrariando el art. 14 Const. (art. 1)
- Se derogan todos los derechos adquiridos. (Transitorio Segundo)
- Las autoridades educativas pueden anular derechos “sin necesidad de declaración judicial.” (arts. 32, 40 y 44)
- Otorga facultades al Secretario de Educación Pública, léase presidente de la República, para estar por encima de la soberanía de los Estados de la república para autorizar a los gobernadores lineamientos en los cuatro temas. (art. 8-I)
- Permite al INEE imponer y autorizar, por encima de la soberanía de los Estados, lineamientos a todo tipo de autoridades educativas y organismos descentralizados para la evaluación de los 4 temas. (art. 7 IV, V, VI)
- Faculta a la SEP y al INEE, para efectos administrativos, para interpretar unilateralmente la ley. (art. 67)
- No considera la participación sindical en los procesos de observación de las evaluaciones.
- Sustituye los tribunales laborales por tribunales administrativos en casos de conflicto de los cuatro temas. (art. 83)
- Desaparecen los nombramientos de base para quienes ya lo tienen y para los de nuevo ingreso. Se establece como causal de separación sin responsabilidad de las autoridades la negativa a participar en los procesos de evaluación sin considerar la antigüedad y nivel académico. (Transitorio Octavo)
- Crea la figura de contratos por “tiempo fijo” de naturaleza eventual, en sustitución de los nombramientos de base. (art. 23-II, 30 y Transitorio Octavo)
- Se establece como causal de separación sin responsabilidad gubernamental obtener resultados insuficientes en el tercer proceso de evaluación con base en criterios unilaterales. (Transitorio Noveno)
- Los dos puntos anteriores no toman en cuenta el derecho a la reinstalación en el empleo o de indemnización con pago de salarios caídos en caso de separación injustificada. (Transitorio Octavo y Noveno)
Por estas razones, se advierten las siguientes consecuencias:
La esencia
revolucionaria del trabajo como un derecho humano y social queda
prescripto, convirtiéndolo en un acto administrativo sin la intervención
de los trabajadores, nulificando la bilateralidad de las relaciones de
trabajadores y patrones. Se violan derechos adquiridos consagrados en la
Constitución: 1, 14, 16, 29, 123 apartado B y 133. Las Condiciones
Generales de Trabajo del Personal de la SEP de 1946 y las Comisiones
Mixtas de Escalafón dejan de ser vigentes, el Contrato Colectivo de
trabajo se elimina y se crea un nuevo régimen de excepción, que no
corresponde con el anterior Apartado B derivado del art. 123
Constitucional. Se eliminan normas reglamentarias, como la Ley Federal
de Trabajadores al Servicio del Estado. La implementación de esta Ley
implica la violación sistemática de los derechos laborales al
convertirse en la única Ley que modifique o nulifique los derechos
laborales.
La reforma
“educativa” se equipara a la Reforma Laboral impuesta por Felipe
Calderón, al ser una Ley injusta con los trabajadores porque: sustituye
el Trabajo Docente por el Servicio Profesional Docente; desaparece el
derecho de inamovilidad en el empleo, en consecuencia la estabilidad;
impone contratos por tiempo indefinido anulando estabilidad en el
empleo; facilita los despidos; no permite generar antigüedad; la
productividad y no la experiencia es lo fundamental para los estímulos y
ascensos laborales; los resultados medibles y cuantificables sean el
motivo para adquirir un status laboral; abaratamiento de la fuerza de
trabajo; legaliza la subcontratación (outsoucing); pago por horas; se
debilita el poder sindical imponiendo condiciones unilaterales de
trabajo; en el ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia se anula
la intervención sindical o coalición magisterial al convertirse en
“condiciones administrativas” en lugar de derechos laborales; enfrenta a
cada docente como sujeto administrativo aislado a la estructura
sindical; se restringe el derecho a organizarse y defender sus derechos.
Ahora se
tendrá una reglamentación que norme el proceso de ingreso, promoción,
reconocimiento y permanencia de los maestros. El salario estará en
función del mérito académico y profesional, así como del desempeño
docente a partir de los resultados obtenidos en la evaluación.
Aumentará la
jornada y la intensidad del trabajo, provocando enajenación y problemas
de salud docente. La situación laboral se agravará, porque actualmente
operan más de 6 mil escuelas de Tiempo Completo y de Jornada Ampliada y
al inicio del periodo escolar 2014-2015 habrá 15 mil planteles, para el
fin del sexenio 40 mil. Se tendrá una reducción drástica de escuelas
del turno vespertino. Inevitablemente habrá un desempleo masivo de
maestros y los que queden en el sistema educativo trabajarán en
condiciones precarias e inhumanas, al haber salones con hacinamiento,
falta de mobiliario, ventilación, iluminación, etc. Es decir, con las
condiciones mínimas necesarias para llevar a cabo la labor docente.
Con ello
avanza la precarización en el empleo, dadas: 1) la inestabilidad laboral
y la flexibilización en el empleo, 2) La aplicación de mecanismos de
intervención, coerción y constricción de la libertad educativa, y 3) La
modificación de derechos, de la organización del trabajo y relaciones
laborales.
Las
organizaciones sindicales, en especial el SNTE pierden poder en las
negociaciones bilaterales SEP-SNTE y los Gobiernos Federal y Estatal
con los sindicatos.
AGRESIONES DE LA REFORMA.
La reforma
educativa no tiene una postura que se sustente en una educación integral
con un enfoque filosófico, histórico y pedagógico Dos son los pilares
en los que se centra y justifica la reforma educativa: la calidad y la
evaluación. En el art. 3º Fracción III inciso d) se afirma que la
educación “será de calidad con base en el mejoramiento constante y el
máximo logro académico de los educandos.” Sobre el concepto de calidad
en la LGE art. 8-IV se define: será de calidad, entendiéndose por ésta
la congruencia entre
los objetivos, resultados y procesos del sistema educativo, conforme a las dimensiones de eficacia, eficiencia, pertinencia y equidad.
los objetivos, resultados y procesos del sistema educativo, conforme a las dimensiones de eficacia, eficiencia, pertinencia y equidad.
Tatiana Coll
explica que “la calidad sólo puede existir si se puede medir. La
evaluación sólo se puede realizar si hay indicadores medibles. Sólo hay
indicadores medibles en función de estándares de conocimiento
establecidos para poder medirse. Sólo hay estándares curriculares si se
logran sintetizar en habilidades cognitivas muy específicas en el
proceso de aprendizaje. Todo esto determina la facultad de medir y dar
cuenta de la calidad. Bajo esta argumentación, la evaluación aparece
como una verdad absoluta (…) para convertirse en un mecanismo de control
y vigilancia sobre maestros y alumnos.”[13]
Carece de
legitimidad, al no ser consultada la comunidad educativa y la ciudadanía
y sólo se tomó en cuenta la opinión de los empresarios nacionales y
extranjeros y la élite política cuyo fin es la mercantilización de la
educación.
No tiene un
contenido pedagógico, no contiene en sí una reforma educativa ni un
planteamiento preciso e integral de la educación y del sistema educativo
nacional y de los fundamentos filosóficos y pedagógicos. Ni plantea de
cómo resolver la problemática educativa de rezago, cobertura,
reprobación, desigualdad, inequidad, etc.
Es regresiva
y lesiva, contiene un retroceso en los derechos laborales y sindicales
de los trabajadores de la educación. En los derechos de los estudiantes
de recibir una educación pública y gratuita. Hay un retroceso en los
enfoques pedagógicos, al regresar al método conductista con una
enseñanza dogmática, es más informativa que formativa, sólo se evalúa la
conducta observable a través de estímulo-respuesta; interesa sólo el
resultado y no el proceso; se promueve la memorización, más que el
razonamiento y los juicios de valor. El diseño curricular radica en
adiestrar y capacitar a los alumnos para que adquieran herramientas
elementales y puedan competir en el mercado laboral.
En lo
cultural se remplazan valores históricos y nacionales por valores que
provienen de la globalidad mercantil trasmitidas a través del
adoctrinamiento de patrones culturales de la clase dominante a las
nuevas generaciones. De esta forma se impone el pensamiento único que
intenta resolver los mismos asuntos, definidos desde idénticos puntos de
vista: el pensamiento neoliberal.
Sólo se
responsabiliza a los maestros de la mala calidad educativa y del bajo
logro académico de los alumnos, sin tomar en cuenta los impactos que han
tenido las reformas y políticas educativas en los últimos sexenios, sin
considerar los factores socioeconómicos y culturales que determinan el
proceso de enseñanza-aprendizaje y sus resultados.
Impone una
evaluación punitiva, si no se logran alcanzar o no se cumple el perfil,
los indicadores y parámetros definidos, se impondrá una sanción que
puede llegar a la pérdida de la permanencia en el empleo, en tanto al
maestro se le trata como un infractor. Esta medición no busca el
diagnóstico y mejoramiento del sistema educativo, sino el castigo, la
precarización e inestabilidad laboral de los maestros.
RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA MAGISTERIAL
Manuel Pérez
Rocha propone que debe organizarse un debate nacional sobre los fines,
medios y métodos de la educación en México. Para ello se requiere de una
amplia convocatoria donde participe la comunidad escolar (estudiantes,
maestros y padres de familia) y se discuta desde abajo hacia arriba la
escuela que queremos los mexicanos.
Se debe
partir de un verdadero diagnóstico, seguimiento y evaluación del sistema
educativo mexicano tomando en cuenta las principales variables de
funcionamiento del sistema, tales como cobertura, repetición, deserción,
egreso, promoción, sobreedad, origen socioeconómico, presupuesto
educativo, inversiones y costos, los procesos y logros de aprendizaje,
los proyectos y programas educativos, la formación, capacitación,
profesionalización de la práctica del docente, directivo y supervisor.
Así como las condiciones de mantenimiento, infraestructura y operación
escolar, los contextos socioculturales del aprendizaje y los propios
métodos de evaluación.
Se debe
promover una amplia consulta nacional, ante la falta de consenso de la
reforma educativa, mediante la cual sea el pueblo y no las élites
partidistas y empresariales, quien en última instancia resuelva la
pertinencia de esta contrarreforma a la Constitución mexicana.
La CNTE y
otras organizaciones magisteriales democráticas deben dar a conocer ante
la opinión pública los Proyectos de Educación Alternativa que se están
realizando y que con la reforma educativa estos proyectos quedarían
aniquilados.
CONCLUSIÓN.
Es evidente
que la reforma educativa se caracteriza por ser dependiente, neoliberal,
empresarial, centralista, laboral, administrativa, regresiva, lesiva,
antidemocrática, punitiva, incompleta y deficiente. Tiene implicaciones
en lo político, laboral, sindical, pedagógico, social y cultural. Como
parte de la violencia estructural, es una contrarreforma porque violenta
el espíritu y el contenido que le dieron origen a los artículos 3º, 73 y
123 Constitucional. Es un retroceso que rompe el pacto social y
político de la Revolución Mexicana y que dieron estabilidad a la nación,
dada la importancia que ha tenido la escuela pública mexicana como
parte de la identidad nacional y cultural, como factor de movilidad
social y desarrollo económico.
La educación
pública está en disputa por aquellos que la quieren utilizar como
mercancía con fines de lucro y los otros que reivindican la educación
como un patrimonio nacional con un alto valor humano, cultural y social.
México hoy está viviendo momentos de grandes definiciones que van a
determinar el futuro de los mexicanos y en especial el destino de
millones de niños y jóvenes, por lo tanto es importante la participación
democrática de todos los mexicanos, de lo contrario, otros estarán
decidiendo nuestro destino.
[1]
La OCDE a través de un estudio llamado “Panorama Educativo” cada año
presenta una amplia información de estadísticas e indicadores del
sistema educativo de los 34 países miembros y permite analizar su
desarrollo, financiamiento, preparación y el impacto del capital humano
en el mercado de trabajo y en la economía. México es miembro desde
1994 y a través de la SEP, estableció con la OCDE en 2008, el Acuerdo
para Mejorar la calidad de la Educación de las Escuelas.
[2] Aboites, Hugo, “Confrontación o diálogo para transformar la educación en el 2012-2013”,
ponencia presentada en el VIII Foro de Análisis y Perspectivas sobre la
Reforma Educativa, Región Centro-Norte. San Luis Potosí, Teatro
Alameda, 28 de junio 2013.
[3] “Cuidemos nuestra escuela. Manual de mantenimiento escolar”. SEP, INIFED, 2011
[4] Hernández Navarro, Luis. Contrarreforma constitucional y privatización de la enseñanza, La Jornada, 16 de abril de 2013
[5] Hernández Navarro, Luis, Ibíd.
[6]
En el programa participan bancos e intermediarios financieros como
Santander Bancomer, HSBC, Banorte; Financiera Educativa de México.
Nacional Financiera (Nafin) y la Secretaria de Hacienda aportaron fondos
de garantía para respaldad el otorgamiento de créditos educativos de
los bancos. En 2012 el programa contará con una inversión de 2,500
millones de pesos, las escuelas privadas se beneficiarían con la
totalidad de esos recursos. La banca recuperará todo el dinero prestado a
los estudiantes y obtendrá como ganancia los intereses acumulados en 15
años por 23 jóvenes endeudados al pagar una tasa de interés del 10%.
[7] Legalizada en el art. Quinto Transitorio, Fracción III, inciso b), y en la LGE art. 33 Fracción XVII
[8] Recuérdese La Guardería ABC, en Hermosillo, Sonora.
[9] Rockwell, Elsie. Ponencia presentada en Panel “La propuesta educativa de la CNTE” en Casa Lamm el 21 de octubre del 2013.
[10] López Aguilar, Martha de Jesús. Una reforma “educativa” contra los maestros y el derecho a la educación,” El Cotidiano No. 179, p. 65, mayo-junio 2013,
[11] Ley General del Servicio Profesional Docente, publicada en el diario Oficial de la federación el 11 de septiembre de 2013.
[12]
Quien fue nombrado y podrá ser removido libremente por el Secretario de
Educación de acuerdo al art. 5º del Reglamento referido a la
Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente.
[13]
Hernández Navarro, Luis. No habrá recreo. Contrarreforma constitucional
y desobediencia magisterial, Edit. Para Leer en Libertad AC. p 10
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