Arturo Alcalde Justiniani
El
interés y debate colectivossobre la suerte de los salarios mínimos en nuestro
país crece día con día; será difícil regresar al encubrimiento del tema que
privó en el pasado. Se han definido en el panorama dos bloques de opinión
claramente diferenciados:
la coalición opositora, como la llama Enrique Valencia Lomelí, integrada por entidades del gobierno federal, Hacienda, Banco de México y el sector empresarial más conservador, y en el otro ámbito, una amplia gama de actores que reclaman un cambio, formada por organismos internacionales, académicos, especialistas, trabajadores independientes, y sin duda, por el gobierno de la ciudad de México.
Con el creciente flujo de información se van descubriendo las
motivaciones de la política salarial impuesta en las últimas tres décadas. A
través de foros, investigaciones y artículos publicados, asambleas,
declaraciones en medios y reflexiones populares, se han ido aclarando las
ideas. Se comprueba que esa condición salarial no es producto natural de un
mercado laboral, sino de una voluntad política que provocó el despojo de manera
deliberada, estrategia que impusieron sin contrapesos los gobiernos de los
recientes 30 años. Se ha acreditado que esa contención salarial genera daños no
sólo a la población y al tejido social, sino también a la salud de la economía,
afectando a los pequeños y medianos empresarios que ven cerradas sus puertas
por la debilidad económica de sus consumidores. Se agrega también la convicción
de que la reforma salarial es un elemento clave para reorganizar el mercado
laboral y así transitar hacia soluciones en el ámbito de otros problemas
torales, como la inseguridad, la reducción de la informalidad y la destrucción
del medio ambiente.
La reflexión se viene enriqueciendo con múltiples aportes. Es
claro que al hablar de salarios mínimos conviene distinguir entre los
generales, comúnmente invocados, y los profesionales, cuya lista conviene
actualizar, como han reclamado, por ejemplo, los trabajadores de limpieza. El
Observatorio Salarial de la Universidad Iberoamericana Puebla, al igual que el
taller especializado de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional
Autónoma de México, desde tiempo atrás han puesto el dedo en la llaga, tarea en
la que han participado también varios articulistas de La
Jornada. En perspectiva, se exhibe cómo se impuso la injusticia y
la desigualdad salarial en un largo periodo, sin que hubiera que enfrentar
mayor rebeldía social; este despojo ha sido calificado acertadamente por Andrés
Manuel López Obrador como
pecado social.
Hablando de pecados, se extraña la voz de la Iglesia católica
mexicana, sobre todo porque la Iglesia ha sido pionera en el mundo al reclamar
justicia para los trabajadores, mediante diversas encíclicas papales, como laRerum Novarum,
Sobre la cuestión social, promulgada por León XIII en 1891, que defiende a los trabajadores ante la que denomina
terrible explotación laboral; asimismo, la encíclica Laborem Exercens,
Sobre el trabajo humano, de Juan Pablo II, de 1981, que desarrolla la concepción del valor del trabajo en la época moderna. En una sociedad como la mexicana, que se dice mayoritariamente católica, habría que tener presente que la justicia salarial es uno de los deberes sociales prioritarios, derivados del mensaje evangélico.
El presidente Peña Nieto, en su segundo Informe de Gobierno,
desperdició una excelente oportunidad para fijar posición sobre el tema. Es
obvio que el priísmo está preocupado porque la oposición progresista ha tomado
el liderazgo en esta popular exigencia. Se esperaba que el informe diera a
conocer la opinión presidencial en los temas cercanos a la gente, como es el
salario y el seguro de desempleo; este último, detenido en la Cámara de
Senadores por la indignación que causó la propuesta de pretender que se
financiara a costa de los recursos propiedad de los trabajadores en el
Infonavit. Tampoco se hace referencia a la suerte de la pensión universal. Se
trata de rubros ausentes en la agenda gubernamental.
Los gobiernos de izquierda se han visto lentos ante este crucial
reclamo, desperdiciando una posibilidad de oro para demostrar que sus
plataformas ideológicas son tomadas en serio. Algunos funcionarios locales
suscribieron un reciente pronunciamiento público, impulsado por el gobierno
federal, que al estilo de los años 80 busca aparentar una concertación para
detener el reclamo de una mejora salarial. Afortunadamente, los gobiernos de la
ciudad de México y de Oaxaca no suscribieron esta extraviada declaración.
Iniciado el periodo de sesiones del Congreso, el debate sobre el
salario mínimo está presente. Un renglón en el que parece existir consenso es
su desvinculación como instrumento de medida para otros fines, por ello, un
grupo de legisladores en la Cámara de Diputados presentará, el próximo martes,
una iniciativa de reforma a la Constitución y a más de cien leyes federales,
abarcando alrededor de 600 artículos; la propuesta es que las disposiciones que
empleen la figura del salario mínimo como unidad, base o medida para efectos
ajenos a su naturaleza, deberá considerarse como
unidad de referencia, que como nuevo índice, se ajustará conforme a la inflación señalada por el Banco de México. Si los grupos parlamentarios son congruentes con sus declaraciones públicas, deberán aprobar la reforma de inmediato.
El reclamo social, que tiende a fortalecerse, es que la
recuperación del salario mínimo, al menos en los parámetros planteados por el
jefe de Gobierno del Distrito Federal, debe reflejarse de inmediato en las
decisiones del Congreso al aprobarse el paquete económico presentado ayer. Esta
voluntad se exhibirá en las próximas semanas. Es el momento para que lo que
queda del sindicalismo en nuestro país alce la voz en defensa de sus abatidos
miembros.
A pesar de su importancia, el mundo del trabajo ha sido soslayado
de las reformas estructurales que se requieren; por ahora, la tarea inmediata
es otorgar un mínimo de dignidad a uno de los sectores más empobrecidos de la
población.
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