El
derecho de huelga es intocable
Napoleón Gómez Urrutia
Algo muy grave está ocurriendo en
las relaciones entre algunas empresas y sus sindicatos y en la política laboral
del gobierno actual, sin que se perciba, al menos en público, que se está en
los terrenos de una aguda crisis. Tal parece que los funcionarios encargados de
tutelar los derechos de los trabajadores, según el mandato constitucional
surgido en 1917, que sigue vigente aunque le pese a quienes lo cuestionan,
están volteados y entregados para defender a todo trance los intereses de los
empresarios. Una de las más graves expresiones de esta conducta es cuando la
autoridad laboral niega la vigencia del derecho constitucional a la huelga, que
no sólo es de México sino una garantía universal, plasmada incluso en el
Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre la
libertad sindical, que el gobierno mexicano tiene firmado hace más de 60 años.
De ello dan cuenta las múltiples
injusticias en que los empleados o trabajadores y sus organizaciones auténticas
se ven victimados, ya no sólo por la explotación habitual y las ofensas
indignantes de la parte patronal, sino porque ésta sabe que la autoridad
laboral les ofrece todo el apoyo necesario a fin de protegerse contra las
demandas justas de los asalariados. Un ejemplo es la huelga anulada en el
prestigiado Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD), de
Hermosillo, Sonora, y sus extensiones en diversas partes del país, del cual
hizo amplia referencia el abogado Arturo Alcalde Justiniani en estas páginas de La
Jornada, el sábado 5 de marzo. Algo similar sucede coartando el derecho a
la libertad de asociación de los trabajadores de Honda, Gunderson, PKC Arneses
y Accesorios, Teksid, Pytco y de muchas empresas más.
Naturalmente no son todos los
patrones los que están embarcados en esta política antiobrera, ya que muchos se
mantienen apegados a lo que les indican las leyes y al justo trato que deben a
sus trabajadores, incluso en medio de las inevitables diferencias. El caso es
que la actual autoridad laboral se mantiene en la idea fija y reaccionaria de
que en México ya se han superado las huelgas o, lo que es lo mismo, se ha
suprimido para siempre la lucha entre las clases. Precisamente eso es lo que
estamos viviendo en torno a la huelga legalmente emplazada y estallada este 4
de marzo por el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros y los miembros de la
sección 271 contra la filial mexicana de la empresa acerera global
ArcelorMittal, ubicadas ambas en el puerto industrial de Lázaro Cárdenas,
Michoacán.
Los funcionarios de la Secretaría
del Trabajo y Previsión Social (STPS), por sus intereses personales o de grupo,
han estado utilizando argumentos ilegales e inconstitucionales para hacer valer
el absurdo de que en México no ha habido huelgas en los pasados dos años y, por
tanto, a cualquier costo han decidido que el estallamiento del conflicto en
Lázaro Cárdenas, Michoacán, es ilegal, cosa que por su propio peso se
convierte en una falsedad que afecta gravemente las relaciones laborales en esa
empresa y que no puede aceptarse porque se convertiría en un hecho negativo
para el conjunto de los trabajadores del país.
Desde el 18 de junio de 2015 se
inició en ArcelorMittal el procedimiento jurídico ante la autoridad y durante
ocho meses se prorrogó el estallido de la huelga en 16 ocasiones, por así
haberlo solicitado la empresa que, dijo, pasaba por una grave situación ante la
importación a precios de dumping de acero de China y otros
países. La STPS aprobó tales aplazamientos. Pero ilegalmente ésta última, a
través de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, sólo una hora antes de
que estallara, o sea a las 11 horas del 4 de marzo, decidióarchivar el
expediente del emplazamiento y con ello pone en peligro el derecho
constitucional de huelga de los trabajadores. El resultado de esta decisión
arbitraria, que podría incluir hasta la represión, sería responsabilidad
directa de la empresa ArcelorMittal, de la STPS y del gobierno de Michoacán.
Este es un hecho que necesita de
una clara definición por el gobierno de Enrique Peña Nieto. Así lo consideró el
sindicato minero cuando el propio 4 de marzo le envió una carta al primer
mandatario en la que se le pide: (1) que se respete el derecho constitucional
de huelga de los mineros de Lázaro Cárdenas, Michoacán; (2) que no haya
represión contra ellos, y (3) que la solución al conflicto sea conciliatoria y
pacífica, mediante el diálogo entre las partes, tal como lo establecen las
leyes mexicanas. Que se recuerde lo que ocurrió hace 10 años en este mismo
sitio con la represión criminal e irresponsable del gobierno de Vicente Fox
contra la huelga de los trabajadores, cuyo resultado fue de dos mineros
asesinados por las fuerzas militares fuertemente armadas y decenas de obreros
heridos.
Si el actual titular de la
Secretaría del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida, quiere hacer efectivo su dicho
de que en México ya no hay huelgas, que entonces proceda a resolver las que se
presenten con pleno respeto a la Constitución, para que adquiera verdad su
afirmación. Para eso es preciso que no deje en manos del subsecretario A,
Rafael Avante Juárez, la conducción de la política de su dependencia. Este
funcionario fue sembrado por el Grupo México de Germán Larrea desde que comenzó
esta administración federal, o quizás ha sido parte del pago a ese empresario
por su contribución a la campaña política del PRI por el poder.
Avante es el operador de los intereses de las empresas que como Grupo México
impusieron en el sexenio pasado al nefasto Javier Lozano, quien es evidente que
dejó como su herencia al propio Avante Juárez, quien fue su cercano
colaborador, siempre con una actitud antiobrera y antisindical. Parece que el
verdadero conductor de la STPS es ahora Rafael Avante y ya no lo es Alfonso
Navarrete Prida.
La solución al conflicto laboral
en Lázaro Cárdenas, Michoacán, está en que la STPS no asuma una postura en
contra del derecho de huelga, porque carece de fundamentos legales,
constitucionales e internacionales, incluso lógicos, para archivar su
expediente de huelga, cuando éste está legalmente apoyado en los preceptos
constitucionales y en los convenios mundiales como los de la OIT, a los que
está adherido el gobierno mexicano desde hace décadas. La solución está también
en que la empresa ArcelorMittal vaya por el camino pacífico de la conciliación
de intereses, de lo cual ha dado buenas muestras en el pasado que ahora parece
olvidar, y no por el de la confrontación con sus trabajadores y con el
sindicato que los representa.
El derecho de huelga es intocable
y debe mantenerse vigente por encima de cualquier consideración o interés
particular, y por encima de cualquier política que vaya en contra de la
democracia y la libertad sindical.
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