Manuel Pérez Rocha
Toda evaluación (por supuesto excepto las
autoevaluaciones) implica una problemática y delicada relación
entre el evaluador y los evaluados, relación complicada no sólo
con retos técnicos, sino principalmente con definiciones
filosóficas y políticas, y la presencia de explicables y agudos
factores emocionales de ambos actores. Esta relación y los frutos
de la evaluación dependen, entre otros elementos, de los fines
perseguidos por el evaluador y de la forma como los percibe el
evaluado. Los gobiernos del PRI y del PAN, y sus asesores de la OCDE
y Televisa/Mexicanos Primero, han concebido la evaluación como un
espacio de control de sus empleados los maestros, y un instrumento
para castigar a quienes son considerados incompetentes.
Los responsables de dirigir la educación pública
del país en esos gobiernos han hecho múltiples declaraciones
explícitas acerca de esa función punitiva de la evaluación; las
reformas legales impuestas ilegalmente son lamentables pasos para
poner en práctica sus aberrantes políticas, no obstante los nuevos
discursos de la SEP plagados de oportunistas zalamerías a los
maestros. No puede, pues, extrañar la reacción del magisterio –no
sólo el coordinado por la CNTE, sino múltiples sectores de este
gremio en todo el país– en contra no de la evaluación como tal,
sino en contra de un proyecto de evaluación caracterizado por su
debilidad técnica, su arbitrariedad e incluso ilegalidad.
El conflicto sigue vivo y de manera heroica muchos
maestros siguen combatiendo las inaceptables e ilegales reformas
legales. En estas circunstancias no se puede desatender la postura
manifestada por el Instituto Nacional para la Evaluación de la
Educación por boca de su presidente la maestra Sylvia Schemlkes en
reiteradas declaraciones recientes. En primer lugar, ha insistido en
definir a la evaluación como herramienta para conducir la mejora de
la educación. Por supuesto, este debe ser el objetivo
principalísimo, pero para enfrentar las reacciones negativas en
contra de esta atinada definición –sin duda insatisfactoria para
quienes se obsesionan con la expedición de certificados y la
rendición de cuentas–, debe reconocerse la necesidad de otras
evaluaciones en las cuales se sustenten esas funciones
administrativas (certificación y rendición de cuentas).
Otro concepto del INEE digno de atención se
refiere a las funciones de este instituto. Este organismo –ha
declarado la maestra Schmelkes– debe ser visto como una instancia
de la sociedad civil para vigilar la actuación del Estado en
materia educativa. Con razón el doctor Carlos Ornelas, reconocido
especialista en educación, se pregunta si un organismo del Estado
(el INEE) puede ser considerado como una instancia de la sociedad
civil. Al margen de definiciones formales, la duda es válida, pues
este nuevo instituto ha sido dotado de un consejo social en el cual
tienen preponderancia (término de moda) fuertes intereses
corporativos con artimaña disfrazados de sociedad civil. Ejemplo:
en esa posición están la Confederación Patronal de la República
Mexicana (la celebérrima Coparmex) y Televisa/Mexicanos Primero.
La inclusión de estos dos fuertes intereses
políticos y económicos en el consejo del INEE es, sin duda,
ilegítima pues, conforme un requisito estatutario del propio INEE
para la conformación de ese cuerpo colegiado, sus miembros deben
haber demostrado un compromiso con la educación nacional. ¿Es este
el caso de la Coparmex? ¿Acaso no conocen sus históricos embates a
la educación pública mexicana? ¿Cumple este requisito Televisa?
¿Cómo es posible que a estos intereses económicos y políticos se
les haya dado más importancia que al Consejo Mexicano de
Investigación Educativa (el Comie), agrupación de cientos de
prestigiados investigadores de estos temas y cuyo trabajo
institucional, académico, es de reconocido valor?
Otro concepto expresado por la presidenta del INEE,
causa de justificado interés, es la tesis de que la evaluación de
los profesores debe ser vista como un derecho. Concepto opuesto al
impulsado por la SEP, Televisa/Mexicano Primero, y la OCDE: la
evaluación como un instrumento de control. La evaluación de los
estudiantes, concebida como instrumento de control y discriminación,
de manera mecánica se trasladó al ámbito de la evaluación de los
maestros, quienes pasaron a ser una especie de escolapios adultos.
La propuesta del INEE tiene fundamento sólido pues la tarea de los
maestros se vuelve crecientemente compleja, y la evaluación bien
concebida y realizada se convierte en un apoyo esencial para el
cumplimiento de su delicada tarea. Para los maestros, una evaluación
diagnóstica y formativa de sus conocimientos, de su preparación y
de su desempeño es una necesidad; es una necesidad no sólo
profesional sino personal, atendible, y por tanto es un derecho.
También la evaluación de los estudiantes debe ser
concebida como un derecho exigible puesto que es una necesidad
atendible. Hace casi 10 años este concepto quedó plasmado en la
Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. El artículo
sexto de esta ley dice: VI. Todos los estudiantes tendrán derecho a
que, a lo largo de sus estudios, se les practiquen las evaluaciones
diagnósticas y formativas necesarias para que conozcan sus avances
y carencias, y puedan llevar a cabo las acciones indispensables para
lograr los objetivos académicos que se propongan. Los resultados de
estas evaluaciones no podrán ser usados para restringir sus
derechos, ni los estudiantes podrán usarlos para exigir
certificaciones en condiciones distintas a las establecidas en el
artículo 14 de esta ley y en los estatutos y reglamentos
correspondientes (véase la congruencia en ese artículo 14).
La discrepancia en las formas en que se conciben
las funciones de la evaluación en los dos órganos cúspide del
Estado mexicano en materia educativa evidencia los graves problemas
causados por el abuso político del gobierno de Peña Nieto con la
mal llamada reforma educativa. El INEE también ha manifestado su
compromiso de escuchar a todos. Ojalá en estas circunstancias pueda
iniciarse una discusión a fondo de la educación, de su evaluación
y de su reforma.
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