La nueva crisis de la evaluación
Hugo Aboites*
En 1996-1997, cuando por primera
vez se comenzó a utilizar la evaluación estandarizada de manera masiva (examen
único), surgió un fuerte movimiento metropolitano porque, más que diagnosticar,
simplemente se buscaba clasificar para decidir quiénes tenían el derecho a
estudiar y dónde, y quiénes ni siquiera debían ya ir a la escuela. Muchas
protestas y años después, ahora en 2013, la evaluación (como parte central de
la reforma educativa) está de nuevo en el centro de una profunda confrontación
en torno a la educación y ya enfrenta un panorama cada vez más complicado.
Una de las razones más importantes de esta nueva
crisis es el hecho de que ahora el planteamiento es muy distinto al de hace 20
años. Entonces nació al amparo de instituciones educadoras respetadas como la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Instituto Politécnico
Nacional (IPN), lo que consiguió ocultar sus profundas vetas privatizadoras y
discriminatorias. Hoy, como lo demuestra Luis Hernández Navarro ( La
Jornada, 18 de junio de 2013) son sólo los empresarios (y la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) los que se declaran autores y
ganadores con la reforma (ahora es cuando
sintomáticamente dice
Mexicanos Primero), pero su prestigio como educadores ( remember la
Fundación Chespirito y los programas de Televisa y Azteca) no es muy acentuado
que digamos.
Su visión simplista y mecánica de la realidad
social, además aplicada a la educación, lleva a postulados tan decimonónicos
como que la mejoría se logra con una autoridad fuerte, con exámenes, sanciones
y despidos, pero también se reflejó en uno de los procesos de modificación
constitucional más desaseados y autoritarios (e impugnados) de que se tenga
memoria. Apenas 10 días duró el procedimiento en las cámaras, no fue precedido
de diagnóstico alguno o de una mínima consulta y los textos de las leyes
secundarias simplemente confirmaron el carácter agresivo de la propuesta integral.
Más grave aún, la evaluación se muestra ahora, como años atrás, como un
instrumento esencialmente punitivo (antes exclusión, ahora despidos), con lo
que de entrada se autoanula ante los maestros y la sociedad como posible
promotora de la calidad.
Es una reforma empresarial que aparece también
como profundamente hostil a los procesos de fortalecimiento de la pluralidad e
identidades regionales que –desde el zapatismo– ya cumplen dos décadas y hasta
han sido reconocidos oficialmente. Así, la negativa que sostiene la reforma a
la creación de instancias de evaluación estatales (como se exige en Guerrero y
Oaxaca) contradice el hecho de que desde hace años en Sinaloa, Sonora, Nuevo
León y hasta en el estado de México existen institutos estatales de evaluación.
El carácter único de la actual evaluación
monopolizada por una instancia nacional –el Instituto Nacional para la
Evaluación de la Educación (INEE)– simplemente refleja la centralización
empresarial-gubernamental que inauguró hace dos décadas otro centro nacional,
el Ceneval, que hacía la mismas promesas. Eliminar los exámenes estandarizados
(como plantea como posible la SEP) aminora pero no resuelve el problema, pues
en su lugar se propone que decenas de miles de evaluadores del INEE visiten
todas las escuelas para observar y clasificar a los docentes a partir de un
perfil único de rasgos que definen lo que es un buen maestro. Es decir, otro
instrumento estándar único para todo el país, centralizado en el INEE (donde no
hay uno solo de los maestros que serán evaluados), producto de una elaboración
eminentemente discrecional aunque se le proclame experta
o científica
,
que agruparía a los maestros en algo así como insuficientes
, elementales
,
buenos
, excelentes
, tal como todavía lo hace la Evaluación Nacional
del Logro Académico en Centros Escolares (Enlace) con los estudiantes.
A diferencia de ayer, sin embargo, la lucha de
comunidades, pueblos y regiones por reivindicar a México como lo que es, una
nación constitucionalmente plural, es lo que está detrás de la profunda energía
del movimiento de los maestros. Es una lucha que no es sólo marchas y paros,
sino que se ha materializado en una larga y paciente construcción de múltiples
proyectos de educación (y evaluación), en Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Michoacán,
Puebla y otras entidades. Ante esto, la vuelta a la uniformidad no sólo no
tiene actualidad, es un retroceso.
A los maestros michoacanos en solidaridad con su
dolor por la pérdida de compañeras y compañeros
*Profesor/investigador del Departamento de Educación
y Comunicación, UAM-X
