Manuel Pérez Rocha
Los perjuicios de la prueba PISA –aplicada e
interpretada por la OCDE– han sido señalados por una centena de
distinguidos académicos de 10 países desarrollados, todos ellos
reconocidos especialistas en educación, en una carta publicada el
pasado 6 de mayo en el diario británico The Guardian. Esta
prueba PISA, desacertada iniciativa del club de países ricos, se
suma a otros traspiés que en materia educativa ha cometido ese
organismo a lo largo de su historia.
Empecemos por el Proyecto Regional Mediterráneo
(PRM), al que me referí ya hace unos meses en este espacio. Ese
proyecto de costos millonarios, desarrollado por la OCDE en 1962, fue
un fracaso reconocido por sus propios directivos. Sirvió, cuando
mucho, para afinar técnicas de análisis estadístico, se dijo en un
informe. No obstante su fracaso en los países del Mediterráneo
(España, Portugal, Italia, Grecia y Turquía), la propia OCDE
promovió su réplica en otras regiones, entre ellas América Latina.
En nuestro país la SEP lo aplicó, con el apoyo de la propia OCDE y
el Banco de México, para elaborar durante el gobierno de Díaz Ordaz
un Plan Integral de Desarrollo de la Educación, que resultó un
inútil absurdo.
Con el PRM se pretendió hacer previsiones precisas
de futuras necesidades de mano de obra del aparato productivo (por
países, sectores, ramas y especialidades), para ajustar a estas
necesidades la expansión del sistema educativo respectivo; meta
propuesta aun hoy en día por algunos despistados funcionarios de la
SEP, algunos opinadores y directivos del sector privado. En nuestros
días esta meta es inaceptable, implicaría una seria contracción de
los sistemas educativos pues la demanda de personas educadas es mucho
menor que la oferta generada por las instituciones escolares.
La primera crítica al Proyecto Regional
Mediterráneo de la OCDE era, por supuesto, su visión
economicista de la educación, la reducción de la educación a la
categoría de insumo de la economía (esto es, los negocios) y la
reducción de los hombres y mujeres a la categoría de meros recursos
humanos de las empresas. El fracaso del PRM obedeció a diversas
causas, entre ellas: a) la pretensión de planificar un insumo (los
trabajadores) que es parte de un sistema (producción capitalista)
regido por los intereses de las unidades individuales (las empresas);
b) la imposibilidad de prever los efectos que el cambio tecnológico
genera en las cualidades y cantidad de la mano de obra requerida, y
c) la imprevisibilidad para plazos medios y largos de variables
económicas incluidas en su modelo matemático, entre ellas el mismo
PIB (como se está viendo hoy).
Pronto abandonó la OCDE este inútil intento de
planificación educativa y se embarcó en una nueva aventura fallida:
la aplicación de la teoría del capital humano, desarrollada en los
años 70 del siglo pasado por Teodoro Schultz, Milton Friedman, Gary
Becker y otros economistas de la Universidad de Chicago. Igual que la
planificación de recursos humanos, esta nueva teoría inscrita en el
economicismo educativo es inaceptable pues reduce a las personas a su
función de factor de producción. Pero además, se sustenta en una
ciencia falaz y de consecuencias siniestras, por ejemplo en sus
aplicaciones a la educación y la salud: de acuerdo con esa teoría,
el valor de las inversiones en estos campos lo define la tasa de
retorno, cuando ésta es insatisfactoria la inversión se considera
indeseable, aun si implica el desahucio de los débiles.
La OCDE promovió con empeño la aplicación de esas
teorías y enfoques para orientar políticas educativas. En concreto,
influyó para que en muchos países se impusiera una de sus
aplicaciones: el crédito educativo. En México, en la administración
de Echeverría se generó un fuerte impulso a estas políticas de
financiamiento de la educación. El que tenga dinero que pague su
educación, al que no tenga le prestaremos dinero que pagará con
intereses cuando se incorpore a un empleo, declaró el señor
Prudencio López, alto dirigente de la cúpula empresarial mexicana y
primer director del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe),
organismo creado, entre otros, para ese propósito. Este señor
también fue el primer presidente del Consejo Coordinador
Empresarial, conciliábulo de la oligarquía mexicana constituido
para enfrentar el izquierdismo echeverrista y que ahora, 40 años
después, se ha sumado a la campaña de linchamiento del magisterio
mexicano impulsada también por la OCDE. Ya señalé hace dos
semanas, en este espacio, que la aplicación de esas teorías ha sido
la causa, por ejemplo, de las crisis del sistema educativo chileno y
del sistema de pagos de los estudiantes universitarios
estadunidenses. Asimismo, inspiró el llamado programa de
financiamiento de la educación superior de Felipe Calderón.
Ignorando que históricamente la intervención de la
OCDE en el ámbito educativo se caracteriza por fracasos de graves
resultados, el gobierno federal (desde Salinas) ha impuesto la imagen
de ese organismo como autoridad mundial en materia educativa; los
resultados de la prueba PISA han sido utilizados como arma central
para la denostación y linchamiento de los maestros mexicanos, y
pretexto para imponerles un régimen laboral de excepción violatorio
de sus derechos. Específicamente, la OCDE presionó al gobierno
mexicano para que sean despedidos los maestros que no aprueben las
evaluaciones propuestas por ese mismo organismo, entre ellas la
fenecida prueba Enlace.
Desde el inicio de la aplicación de la prueba PISA,
muchos especialistas señalaron sus deficiencias y los efectos
perniciosos de su aplicación en nuestro país. Tanto los gobiernos
panistas como el de Peña Nieto han ignorado esos señalamientos y la
SEP continúa usando los resultados de esa prueba como un diagnóstico
orientador de la política educativa. La carta de un grupo de más de
100 académicos, autoridades en materia educativa, dirigida al
funcionario de la OCDE responsable de PISA, señala los graves
defectos de esa prueba y cuestiona la autoridad de la OCDE en esa
materia.
Uno de los propósitos de la prueba PISA es examinar
la capacidad de los estudiantes para aplicar los conocimientos en la
solución de problemas. Es claro que de aplicar esta prueba a la
propia OCDE, quedaría reprobada.
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