martes, 25 de diciembre de 2012
jueves, 20 de diciembre de 2012
"todo cambió para que nada cambiara"
Incrementos y desilusiones
Orlando Delgado Selley
Como todos los fines de año acaba de
acordarseel nuevo salario mínimo legal que regirá los pagos para una parte de los asalariados del país. Se ha resuelto en los tiempos de la recién llegada administración priísta. Este año se redujeron las zonas salariales a solamente dos, en las que el aumento fue de 2.46 y 2.30 pesos diarios, que en ambos casos representa un incremento de 2.89 por ciento. Al comparar este aumento con la evolución de precios este año resulta que, en realidad, el nuevo salario mínimo legal perderá capacidad de compra, ya que la inflación anual en 2012 será de alrededor de 4.2 por ciento.
Así que, otra vez, las remuneraciones de una parte significativa de la
fuerza de trabajo mexicana se reducirán en términos reales, en esta ocasión en
1.31 por ciento. Los aumentos a los mínimos, además, son indicativos de los
cambios en el resto de los salarios contractuales. Consecuentemente, es
previsible que para el conjunto de los asalariados haya reducciones reales a
sus remuneraciones en 2013. Ello confirma una tendencia que se ve desde hace
tiempo y que resulta contrastante con lo que sucede en otros países de América
Latina, particularmente con Brasil.
Por ejemplo, en el análisis de la economía mexicana para 2011 presentado por
Banco de México, se asienta que
el ingreso real promedio de los trabajadores de la economía presentó variaciones anuales negativas durante 2011, lo cual afectó el comportamiento de la masa salarial real del total de la economía(p.13). Esto implicó que en el mercado laboral se generarán condiciones de holgura para el manejo de la inflación, ya que hubo
alzas salariales moderadas lo que junto con la tendencia positiva la productividad media del trabajo, contribuyó a que los costos unitarios de la mano de obra continuarán disminuyendo(p.19).
El resultado neto es que las condiciones de vida de los asalariados se
deterioran, ya que disminuye la capacidad de compra de su salario. Al mismo
tiempo, mejora la situación de las empresas, ya que al incrementarse la
productividad, es decir, la producción que cada trabajador le entrega a su
patrón, lo que combinado con reducciones en los costos salariales resulta en
una elevación, por este concepto, de las utilidades generadas.
En el conjunto de América Latina, de acuerdo con información reciente de
Cepal (Balance preliminar de las economías de América Latina y el Caribe 2012),
hubo aumentos en los salarios reales medios que se combinaron con reducciones
en las tasas de desempleo. De esta manera, en la secuela de la crisis de 2009
se ha venido creciendo mejor que en los países desarrollados, con mejoras
claras en los ingresos de los asalariados, lo que evidencia la presencia de un
modelo de crecimiento que tras la disminución de los intercambios
internacionales y la caída relativa en el precio de materias primas, decide ser
sustentado en el mercado interno.
En este aspecto la economía mexicana se separa de lo que ocurre en la
región. Ello resulta de decisiones de política interna y no de condiciones que
estuvieran determinadas exógenamente. Se trata de la vigencia de un modelo que
se sostiene en hacer que incrementos en los salarios nominales sean menores que
el incremento de precios, de modo que se convierten en anclas para la
inflación. Así ha ocurrido desde hace mucho tiempo. Se aplicó tanto en tiempos
del priísmo neoliberal, como del panismo neoliberal.
El resultado ha sido desastroso en términos sociales, lo que se evidencia
por el sostenido flujo de nuestros migrantes hacia Estados Unidos, pese a las
dificultades crecientes para cruzar la frontera y para mantenerse del otro
lado, así como en el crecimiento de la Informalidad. El anuncio de los aumentos
a los mínimos parece dar cuenta de que en este campo las cosas se mantendrán
como han sido durante ya más de treinta años. Si alguien pensaba con ilusión
que los
nuevos tiemposauguraban cambios trascendentes puede olvidarse de ello. De modo que, como dijera Lampedussa, todo cambió para que nada cambiara.
martes, 18 de diciembre de 2012
circular 77 - IEMS
lunes, 17 de diciembre de 2012
Desarrollo sustentable modificando nuestro estilo de vida, la forma en que se produce, consume y desecha
Reporte Económico
El Pacto
por México (2/2)
David Márquez Ayala
5.-ACUERDOS PARA EL CRECIMIENTO ECONÓMICO, EL EMPLEO Y LA
COMPETITIVIDAD.
El mejor instrumento para terminar con la pobreza es el empleo. El Estado
debe generar las condiciones que permitan el crecimiento económico que resulte
en la creación de empleos estables y bien remunerados. México debe crecer por
encima del 5%, para lo cual se debe incrementar la inversión pública y privada
hasta alcanzar más del 25% del PIB e incrementar la productividad de la misma.Opinión. Coincidimos en la importancia del empleo, el monto de inversión productiva y la tasa mínima de crecimiento planteados, aunque es necesario puntualizar tan importantes enunciados pues el crecimiento no siempre se traduce en desarrollo, ni el empleo formal es una resultante lineal de la inversión..
Para tal fin es necesario impulsar las siguientes reformas:
5.1. Extender los beneficios de una economía formada por mercados competidos.- Se intensificará la competencia económica en todos los sectores, con énfasis en los estratégicos como transporte, telecomunicaciones, servicios financieros y energía... mediante:
• Fortalecer a la Comisión Federal de Competencia (CFC) con mayores herramientas legales... y la facultad de partir los monopolios.
• Tribunales especializados.
Op. La palabra clave es "competencia" intensificada; la interrogante es si ello conlleva mayor ingerencia externa y pérdida de los sectores mencionados; y lo claramente inaceptable es que se incluya al sector energético en la "competencia"; éste debe ser eficiente sin duda pero no tiene que competir con nadie pues constituye un monopolio estratégico de estado por mandato constitucional.
5.2. Garantizar acceso equitativo a telecomunicaciones de clase mundial... generar mucha mayor competencia en telefonía fija, telefonía celular, servicio de datos, y televisión abierta y restringida... con diversas medidas.
Op.. Igualmente, es de esperarse que más competencia en el sector signifique abatir la concentración semimonopólica actual y democratizar los medios, no una mayor desnacionalización.
5.3. Promover el desarrollo a través de la ciencia, la tecnología y la innovación (mediante):
• Inversión del 1% del PIB en ciencia y tecnología (gradual). Se incentivará la participación de los sectores productivos en la investigación científica.
• Prioridades (y objetivos nacionales y regionales) para el desarrollo de la ciencia y tecnología.
• Más investigadores, centros de investigación y patentes.
5.4 Desarrollo sustentable modificando nuestro estilo de vida, la forma en que se produce, consume y desecha. Para ello:
• Transitar hacia una economía baja en carbono; de los combustibles fósiles a fuentes renovables de energía (solar y eólica).
• Replantear el manejo hídrico del país... (como sector) estratégico.- Impulsar la infraestructura para la captación y almacenamiento de agua pluvial... control de inundaciones... coberturas de agua, drenaje y tratamiento... y uso de agua de mar desalinizada; atención a sequías. Se propone una nueva Ley de Agua Potable y Saneamiento, y reformar la de Aguas Nacionales.
• Mejorar la gestión de residuos... infraestructura para recolectar, separar, reciclar y aprovechar el potencial de los residuos en todo el país.
Op. Ojala se empiece por sustituir a la ineficiente Conagua, y que este segmento estratégico sea desarrollado con empresas públicas, universidades y tecnologías propias.
5.5. Realizar una reforma energética que sea motor de inversión y desarrollo... a través de la atracción de inversión, el desarrollo tecnológico y la formación de cadenas de valor. En el área de petróleo y gas se tomarán las siguientes acciones:
• Los hidrocarburos seguirán siendo propiedad de la Nación. A través del Estado se mantendrá la propiedad y el control de los hidrocarburos y de Pemex. En todos los casos, la Nación recibirá la totalidad de la producción de hidrocarburos.
• Se realizarán las reformas (legales y fiscales) necesarias para transformar a Pemex en una empresa pública de carácter productivo, que se conserve como propiedad del Estado pero que tenga la capacidad de competir en la industria hasta convertirse en una empresa de clase mundial.
• Multiplicar la exploración y producción de hidrocarburos... Se ampliará la capacidad de ejecución de la industria de exploración y producción de hidrocarburos mediante una reforma energética para maximizar la renta petrolera para el Estado.
• Competencia en los procesos de refinación, petroquímica y transporte de hidrocarburos... sin privatizar las instalaciones de Pemex.
• Fortalecer a la Comisión Nacional de Hidrocarburos, (como) órgano regulador e incluir obligaciones que permitan someter a Pemex a las exigencias de eficiencia y transparencia que enfrentan las empresas petroleras del mundo.
• Pemex (se constituirá en) promotor de una cadena de proveedores nacionales y se reforzará su papel en la producción nacional de fertilizantes.
• Pemex como eje de la lucha contra el cambio climático... aplicando una estrategia que desarrolle energías renovables y ahorre energía (?).
5.6. Transformar la minería en una industria eficiente y socialmente responsable.- Se expedirá una nueva Ley para la Explotación Minera que revise el esquema de concesiones (seguridad) y pagos de derechos, así como los beneficios y el respeto a las tradiciones y la cohesión social de las comunidades.
5.7. Transformar la banca y el crédito en palanca de desarrollo de hogares y empresas. En México (existe) una banca estable y capitalizada... sin embargo... es necesario que ofrezca créditos accesibles. Para ello:
• Banca de Desarrollo.- Ampliar y fortalecer su crédito, con énfasis en infraestructura, pequeñas y medianas empresas, innovación y creación de patentes.
• Banca Comercial.- Se cambiará el marco legal para que la banca y las instituciones de crédito presten más y más barato... y reduzcan el costo de los servicios financieros.
Op. Ver para creer...
5.8. Transformar el campo en una actividad más productiva, para garantizar la seguridad alimentaria como una política de Estado; se establecerán medidas específicas para contener el precio de los alimentos, erradicar la pobreza extrema y promover a un sector que produce por debajo de su potencial.
• Comercialización... medidas que combatan la intermediación y garanticen una adecuada comercialización, mayores beneficios para los productores y mejores precios para consumidores.
• Productividad.- Se incrementará a partir del crédito oportuno y a tasas preferenciales a pequeños y medianos productores; se reorientarán los subsidios para apoyo a éstos. Se impulsará la tecnología (en especial para) los distritos riego, y la articulación de cadenas productivas de valor.
• Pagos por servicios ambientales... en las zonas de menor viabilidad agrícola... reorientar con este esquema los subsidios al cuidado y recuperación de bosques y cuerpos de agua.
Op. Ojala se cumpla. Lo que el campo necesita es un marco operativo sensato y estable que el gobierno debe garantizar.
5.9. Aplicar una estrategia nacional para el desarrollo del Sur-Sureste... con programas, proyectos y acciones diversas, y con especial énfasis en las cuencas de los ríos Usumacinta, Grijalba, Balsas y Papaloapan.
5.10. Deuda de los Estados.- Se expedirá una nueva Ley Nacional de Responsabilidad Hacendaria y Deuda Pública para las entidades federativas y municipios a fin de controlar el exceso de endeudamiento.
Op. Sería bueno incluir en dicha ley al gobierno federal.
5.11. Realizar una reforma hacendaria eficiente y equitativa que sea palanca de desarrollo.- Para ello se requieren:
• Eficiencia recaudatoria.- Se mejorará y simplificará el cobro de los impuestos, se incrementará la base de contribuyentes, y se combatirá la elusión y la evasión fiscal.
• Fortalecimiento al federalismo, (con) mayores facultades tributarias para las entidades federativas y municipios, y un mejor cobro del impuesto predial; se revisará la Ley de Coordinación Fiscal para una relación más equitativa entre federación y entidades.
• Eficiencia del gasto público y transparencia, (para ello) se evitarán duplicidades, se compactarán áreas y dependencias de gobierno, y se revisará permanentemente el gasto público.
• Fortalecer la capacidad financiera del Estado. - Se eliminarán los privilegios fiscales, en particular el régimen de consolidación fiscal. Se buscará reducir el sector informal de la economía. Se revisará el diseño y la ejecución de todos los impuestos.
• Revisión integral a la política de subsidios y a los regímenes especiales, para establecer un sistema eficaz, transparente y progresivo... no se entregarán más subsidios a la población de altos ingresos.
Op. Así enunciada en lo general, la "reforma fiscal" se ve en principio positiva; falta, claro está, conocer con precisión que se propone sobre la progresividad del ISR, el IVA, los impuestos especiales, la evasión vía paraísos fiscales, la elusión en los altos ingresos,... lo esencial.
El Pacto tiene evidentemente muchos puntos positivos, pero también muchas lagunas e interrogantes, y una reforma energética inaceptable. Inexplicable es por lo demás que no incluya una política industrial, ni una para el empleo y la redistribución, ni aluda a las relaciones económicas externas o a cambios sobre el narcotráfico,... por ejemplo.
UNIDAD TÉCNICA DE ECONOMÍA SA de CV • ciudad de México • Teléfono / Fax: 5135 6765 • unite@i.com.mx
Para 2013, la expectativa es que el incremento se ubique entre 4 y 5 por ciento, que de todas formas serán entre 2.50 y 3.10 pesos diarios.
En el sexenio de Calderón se registran las cifras más bajas de ajuste salarial: Conasami
En 12 años de gobierno panista el salario mínimo
aumentó dos pesos por año
En las actuales negociaciones la patronal propone un aumento de 4% para que
sea de 65.82
Patricia Muñoz Ríos
Periódico La Jornada
Lunes 17 de diciembre de 2012, p. 41
Lunes 17 de diciembre de 2012, p. 41
En 12 años de panismo, los salarios
mínimos aumentaron un total de 24 pesos con 43 centavos, es decir, un promedio
de dos pesos por año, aunque hubo en algunos, como 2003, en el que la
minipercepción sólo se incrementó un peso con 50 centavos.
Información de la Comisión Nacional de Salarios
Mínimos (Conasami) señala que al inicio del gobierno de Vicente Fox los
salarios obreros eran de 40 pesos con 35 centavos en 2001, y que al cierre del
gobierno de Felipe Calderón, en 2012, fue de 62 pesos con 33 centavos (para la
zona A y B), lo que significa que en los dos sexenios recientes los mínimos se
incrementaron en poco más de 20 pesos.
Pero, además, de acuerdo con información de
centrales obreras del Congreso del Trabajo, en las actuales negociaciones para
fijar los mínimos 2013, la parte patronal propone que el aumento sea de 4 por
ciento, que significaría en términos reales dos pesos con 50 centavos, y que el
salario quedara fijado en 65.82 pesos.
Un recuento de los ajustes que han tenido los
mínimos desde el año 2000 refleja que medido en pesos y centavos, en 2001 estos
salarios tuvieron un aumento de 2.45 pesos y de ahí vino un descenso.
Esto es porque en el año 2002 los salarios
mínimos se incrementaron a 42.15 pesos, es decir, un peso con 80 centavos más
que un año anterior. En 2003 la minipercepción era de 43.65 pesos, ya que había
tenido un aumento de un peso con 50 centavos, como ya se había referido. En
2004 los mínimos eran de 45.24 pesos, ya que se les aplicó un ajuste de un peso
con 59 centavos, apenas unas décimas más.
Para 2005 y 2006, la tendencia fue similar: en el
primer año el aumento fue de un peso con 56 centavos y estos salarios se
ubicaron en 46.8 pesos y en el año siguiente con un aumento de un peso con 87
centavos, subieron apenas a 48.67 pesos.
En total, en los seis años del gobierno de
Vicente Fox los mínimos se incrementaron en términos reales en 10.77 pesos.
Pero la tendencia continuó durante todo el
sexenio siguiente. Para 2007 el salario mínimo se incrementó en un peso con 90
centavos para ubicarse en 50.57 pesos; en 2008 se elevó a 2.02 pesos por lo que
esta percepción fue de 52.59 pesos y en 2009 aumentó dos pesos con 21 centavos.
En 2010, estos mínimos se incrementaron en 2.66
pesos; en 2011, en 2.36 pesos, y en 2012 en 2.51 pesos para quedar en 62.33
pesos.
A lo largon del sexenio de Felipe Calderón Hinojosa,
según cifras oficiales, en términos reales los mínimos aumentaron 13 pesos con
66 centavos, que son las cifras más bajas de ajuste salarial desde 1970.
Para 2013, según los representantes obreros, la
expectativa es que el incremento se ubique entre 4 y 5 por ciento, que de todas
formas serán entre 2.50 y 3.10 pesos diarios.
domingo, 16 de diciembre de 2012
La educación es cultura o no es nada. La reforma educativa, así, tiene que entenderse como misión cultural y civilizatoria, como la entendió Vasconcelos, pero también Lázaro Cárdenas
La educación es tarea nacional y de Estado
Rolando Cordera Campos
Más allá de las reiteraciones
dogmáticas del secretario de Hacienda, así como de su desconocimiento
interesado de la historia económica de México, el presupuesto reclamará más
pronto que tarde su papel de arena central donde la sociedad define sus
objetivos y prioridades. Nada o poco tiene esto que ver con la vulgata
hacendaria sobre unos equilibrios macroeconómicos ficticios, pero no por eso
menos dañinos para el quehacer nacional y sus cimientos productivos, físicos y
humanos.
Las prioridades nacionales siguen presentes y a
los ojos de muchos, aunque la práctica financiera de arranque del nuevo
gobierno haya optado por soslayarlas. La información divulgada por el Inegi en
días pasados sobre el peso enorme de la informalidad laboral, confirma la
importancia crucial y decisiva que el crecimiento tiene sobre las variables
fundamentales de la vida moderna mexicana. Estas variables no parecen estar en
la mirada de los rectores de la economía y los diputados y senadores parecen
preferir hacer mutis y todos a una aprueban las leyes económicas fundamentales,
sin al menos tomar nota de que el mundo puede derivar pronto a un nuevo
escenario recesivo. De ocurrir ello, habrá que volver sobre la cuestión
fundamental del papel del Estado, así como su traducción en pesos, centavos y
políticas de emergencia que eviten descalabros escandalosos e injustificados,
como el de 2009. Veremos.
Los acuerdos y los gestos de los dirigentes
políticos nacionales han llevado a muchos observadores a anunciar el arribo de
una nueva era para México. Quizá no sea para tanto pero, a la vez, es indudable
que el país reclama nuevas formas de hacer y entender la política y la mera
insinuación de que ello es posible ha despertado expectativas sofocadas por
años de estancamiento económico y malestar social, despeñados en una violencia
criminal y estatal simplemente inaudita.
Romper el círculo de hierro de la inseguridad en
todos los planos de la vida colectiva y personal se convirtió en tarea
prioritaria y nacional; sin embargo, hay que reiterar que nada de esto podrá
siquiera iniciarse si no se asume el cuadro de desigualdad y empobrecimiento
masivo que ha acompañado el despeñadero económico y el agravamiento de la vida
comunitaria.
Nada como la educación para ilustrar tal
circunstancia. Un país como el nuestro, reclama acciones inmediatas para
recuperar el proceso educativo como un proyecto de todos y para todos; sin
embargo, para convertir a la educación en un bien público digno de tal nombre
se requiere de algo más, de mucho más, que de la reafirmación de la rectoría
del Estado en materia educativa.
Los hombres y las mujeres a cargo de una tarea
como la enunciada, ahora convertida en nuevo mandato constitucional, tienen que
dar fe y muestras claras de que entienden la urgencia de dar al conjunto
educativo nacional un nuevo carácter y una nueva dirección. Que están
dispuestos a hacerse cargo de una misión que no pasa por los raseros usuales de
la evaluación política o burocrática, porque se trata de una labor histórica y
de Estado. Sólo así podrá México proponerse objetivos y metas trascendentes y
creíbles para inscribirse en el nuevo y duro, agresivo y hostil, escenario
global que se asoma a través de la crisis actual.
Sin educación no hay desarrollo; y sin una
cultura nacional y popular extendida y ambiciosamente pública no puede haber
una pluralidad política constructiva que nos acerque a una democracia creativa
por justiciera e igualitaria.
La educación es cultura o no es nada. La reforma
educativa, así, tiene que entenderse como misión cultural y civilizatoria, como
la entendió Vasconcelos, pero también Lázaro Cárdenas. Es tarea cotidiana, pero
a la vez visión de reconstrucción nacional y estatal, de recreación de lazos
comunitarios perdidos en años de abandono de la responsabilidad del Estado con
sus compromisos primigenios de equidad, justicia social y tutela de los más
débiles.
No es necesario exagerar el punto: con la
educación, el país se juega su futuro en la globalidad transformada por la
crisis, pero también su presente como sociedad democrática que busca
desenvolverse como comunidad moderna, progresista e innovadora.
A través de la polvareda ominosa que nos han
dejado lustros de mediocridad económica y el retorno de los ritos y las
ceremonias de la vieja sociedad cortesana y plutocrática, el país puede
vislumbrar un porvenir distinto si ve en la reforma de la educación un proyecto
que va más allá de la disputa burocrática o el abuso de poder corporativo. Si
la ve y la concreta como gesta eminentemente cultural y, por ello,
profundamente transformadora de valores y relaciones sociales y políticas, para
hacer de la democracia no sólo un método para dirimir conflictos y dar
legitimidad al mando y al poder, sino una forma de vida portadora de promesas
realizables de desarrollo con igualdad y creatividad. Veremos, con el año, si
eso es, todavía, parte de las utopías realizables por los mexicanos.
"la acción de inconstitucionalidad deberá presentarse a más tardar el 31 de diciembre de este año".
Preparan abogados amparos contra la reforma laboral;
es lesiva, afirman
UNT, FSM, Stunam, SUTGDF, CROM y CNTE, algunas organizaciones que apoyan la
acción
Sesión en la Cámara de Diputados en la que se discutió la
reforma laboral en septiembre pasadoFoto José Antonio López
Carolina Gómez Mena
Periódico La Jornada
Domingo 16 de diciembre de 2012, p. 33
Domingo 16 de diciembre de 2012, p. 33
Un grupo de 60 litigantes laborales de
la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), de la Unión de Juristas
de México (UJM) y de la UNAM, en conjunto con sindicatos, académicos y
organizaciones sociales preparan un amparo en contra de la reforma a la Ley
Federal del Trabajo (LFT), el cual estará listo la próxima semana y al que
podrán sumarse los interesados en esta acción en la página electrónica www.amparoreformalaboral.org.
Lo anterior fue informado por Manuel Fuentes
Muñiz, de la ANAD, y Eduardo Miranda Esquivel, vocero de la UJM. Dichos
abogados forman parte de los litigantes que en abril de 2007 promovieron miles
de amparos contra la reforma a la Ley del Issste, los que concluyeron con la
nulidad de cinco artículos de esa legislación y numerosas jurisprudencias en
favor de los demandantes.
Otros de los abogados que participan en la acción
son Héctor Barba, Óscar Alzaga, Pablo Franco, María Luisa Campos y Jesús
Trápaga Reyes, los cuales han realizado reuniones en la Comisión de Derechos
Humanos del Distrito Federal (CDHDF), instancia que ha “apoyado esta campaña
mediante sus buenos oficios, solicitando al ombudsman nacional haga
suyo el reclamo de violación a los derechos humanos laborales y presente en
tiempo una acción de inconstitucionalidad ante el Poder Judicial y la Corte”,
señaló Miranda Esquivel.
En cuanto al amparo, Fuentes añadió en entrevista
que resta poco tiempo para emprender la acción, pues se avecina gran cantidad
de días de asueto debido a las fiestas de fin de año. No obstante, llamó a más
gremios y trabajadores en lo individual a ampararse.
Faltan pocos días, está corriendo el plazo; según la Ley de Amparo se tienen 30 días hábiles después de ocurrida la acción. El tiempo empezó a correr el 30 de noviembre.
Ambos desglosaron que entre las organizaciones
que secundan esta acción están la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), el
Frente Sindical Mexicano (FSM), el Stunam, el SUTGDF, la COR, la CROM, la CNTE,
el Comité Ejecutivo Nacional Democrático del SNTE y grupos del Congreso del
Trabajo y el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME).
Miranda Esquivel indicó que esa campaña nacional
iniciará este 17 de diciembre y se busca con
amparos masivos nulificar la reforma, por ser lesiva a las y los trabajadores, además de solicitar a la CNDH que interponga la acción de inconstitucionalidad, pues la reforma viola unos 30 tratados internacionales en la materia.
El litigante remarcó que
las consecuencias que la reforma laboral ocasionará hacen urgente que la CNDH intervenga de oficio, dictamine si es violatoria del orden constitucional mexicano y lo previsto en tratados de la OIT, así como en los artículos 23 y 24 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, para que promueva su inconstitucionalidad.
Especificó que
la acción de inconstitucionalidad deberá presentarse a más tardar el 31 de diciembre de este año.
"embestida en contra de la escuela pública"
Reforma educativa: incluir a los docentes
El viernes pasado, la Comisión de
Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de
reformas al artículo 3º de la Constitución enviado al Congreso por Enrique Peña
Nieto, que en su parte central plantea la creación de un
servicio profesional docente, según el cual el acceso, la permanencia y los ascensos de los profesores dentro del sistema de educación pública estarían vinculados a mediciones respecto de su desempeño.
A reserva de lo que suceda en San Lázaro el
próximo martes –cuando se prevé que el dictamen referido sea votado por el
pleno–, la iniciativa presidencial en materia educativa reviste algunos
aspectos preocupantes.
Salta a la vista, por principio de cuentas, que el
proyecto de reforma tenga como eje fundamental la evaluación constante del
personal docente –medida que es en principio irreprochable, y que incluso es
respaldada por el grueso del magisterio del país–, sin que al mismo tiempo
contemple un viraje en el enfoque reduccionista y tecnocrático vigente en ese
rubro, que consiste en equiparar la evaluación con la simple medición de
indicadores del desempeño académico y que en años recientes se ha valido de la
aplicación de pruebas estandarizadas tanto a maestros como a alumnos: dicho
diseño ha sido objeto de duras críticas por diversos especialistas en la
materia, en la medida en que los exámenes referidos no toman en cuenta las
diferencias sociales, culturales y económicas que afectan al proceso de
enseñanza y no permiten, por tanto, conocer los factores que debilitan o
fortalecen el aprendizaje de los educandos ni ponderar, en consecuencia, las
verdaderas capacidades pedagógicas de los docentes.
Pero acaso el punto más criticable de la reforma
comentada sea que en ella se insiste en presentar a los profesores como los
responsables últimos y casi exclusivos de las deficiencias existentes en el
sistema de enseñanza a cargo del Estado, lo que genera una doble distorsión en
la comprensión pública del problema: por un lado, se les somete a presiones y
ataques injustificables –incluso en el terreno de sus derechos y estabilidad
laboral– que son totalmente ajenos a sus responsabilidades de formación; por el
otro, se pasan por alto factores determinantes de la problemática, como la
corrupción, la inequidad y el rezago social, el abandono presupuestario, la
incidencia de los poderes fácticos –particularmente los medios de comunicación–
y la compleja relación de los últimos años entre autoridades federales y la
cúpula charra que controla el magisterio.
Un punto de referencia ineludible en el contexto
de esta discusión es la situación que enfrenta Estados Unidos, país pionero y
principal impulsor de este tipo de reformas basadas en la
evaluación docente, y en el que hoy día persisten a pesar de todo graves rezagos y un descontento generalizado por parte de los profesores por la aplicación de una política a todas luces fallida, que los ha colocado a merced del escarnio social y mediático y de la inestabilidad laboral. Peor aun: el empeño político-empresarial por reformar el sistema educativo estadunidense sin atender los distintos ejes de desigualdad involucrados en ese ámbito ha terminado por revelarse como una embestida en contra de la escuela pública y a favor de la creación de oportunidades de negocio para particulares en el
mercado de la educación.
Sería desastroso que la reforma presentada por
Peña Nieto termine por volverse una ventana por la que se cuelen nuevos ataques
a la enseñanza pública. Por lo pronto, el propio equipo presidencial mostró una
falta de visión y sensibilidad difícilmente compatible con el propósito de
recuperar la rectoría del Estado en materia educativa, al diseñar una estrategia de mejoramiento para la educación sin tomar en cuenta al eslabón más importante de la cadena: los docentes. Es necesario que dicha omisión se corrija, y que la presente administración se conduzca, también en ese ámbito, con actitudes incluyentes y transparentes.
"en torno al asunto sindical, buenas condiciones de trabajo son buenas condiciones para la enseñanza, y buenas condiciones para la enseñanza son buenas condiciones para el aprendizaje".
Un país en declive educativo
El catedrático de la Universidad de Illinois denuncia ofensiva contra
profesores
México copia a EU modelos que empobrecen la enseñanza:
Ayers
Potentados han encuadrado el debate en decir que los educadores son
incompetentes
Especialistas condenan el carácter mercantil de las reformas
educativas impulsadas en Estados UnidosFoto Tomada de
Internet
David Brooks
Corresponsal
Periódico La Jornada
Domingo 16 de diciembre de 2012, p. 4
Domingo 16 de diciembre de 2012, p. 4
Nueva York, 15 de
diciembre. El profesor William Ayers, veterano luchador por la educación
pública democrática, denuncia que las reformas en el sector que se promueven en
Estados Unidos buscan minar la
voz colectivade los maestros, privatizar la administración de un recurso público y reducir la enseñanza a un examen estandarizado.
Señala que México y otros países que están
copiando parte del modelo que se impulsa aquí
deberían entender un par de cosas: una, se reduce la educación a algo que sólo se centra en un muy estrecho espectro cognitivo, en lugar de que sea una introducción robusta y amplia de los aspectos humanizantes de la cultura entera.
Ilustra: “no me puedo imaginar a los Obama
diciendo a sus hijas: ‘nos gustaría llevarlas al concierto, a clases de violín,
al equipo de natación, al ballet, al club de ajedrez, pero sólo lo haremos si
se comprueba que eso elevará sus calificaciones en los exámenes’. Eso es una
locura, ningún padre privilegiado diría tal cosa; entonces, ¿por qué se lo
decimos a un niño afroestadunidense en Brooklyn? Es un insulto y lo más lejos
de la democracia. Por eso, esa reducción del currículum, eso de deshacerse de
las artes, de educación física, todo eso tendrá consecuencias desastrosas a
largo plazo si uno desea vivir en una sociedad humanizada y democrática.
La segunda consecuencia que estamos viendo es que se está desalentando a toda la mejor gente que desea ingresar al magisterio. El modelo de enseñanza que promueve Arne Duncan (secretario de educación de Obama) es de tres años y para fuera, explica.
Ese modelo es uno en el cual se contrata a
jóvenes capacitados rápidamente mediante programas como Teach for America, con
la idea de que sólo trabajarán pocos años antes de ser abogados u tener otra
profesión.
Eso es una catástrofe. Ser maestro es la única profesión en Estados Unidos donde tener experiencia y antigüedad es considerado un déficit. También es la única profesión donde 50 por ciento de nuestros egresados de escuelas de pedagogía deja de enseñar después de cinco años. Si eso ocurriera en las escuelas de leyes y de medicina, tendríamos una emergencia nacional.
Las reformas en el sector minan además una
educación humana y democrática, afirma en entrevista con La Jornada.
Ayers, distinguido profesor de la Universidad de
Illinois en Chicago (recién jubilado), fundador de organizaciones de reforma
escolar y vicepresidente de la división de estudios curriculares de la
Asociación Estadunidense de Investigación Educacional, ha escrito libros y
numerosos artículos sobre el tema y su relación con la democracia y la justicia
social (publicados en revistas de educación de Harvard y Columbia, en el New
York Times y en revistas progresistas).
El experto ofrece un diagnóstico sobre el gran
debate en torno a las reformas del sector que se han promovido durante la
última década en Estados Unidos. Relata que líderes políticos y empresariales
han ganado esta discusión porque lograron definir los términos.
Cuando encuadras un tema de la manera que deseas, obtienes la respuesta que buscas. Cada vez que un político toma el micrófono y dice que necesitamos sacar a los maestros perezosos e incompetentes de las aulas, todos estarán de acuerdo. Pero si llego al micrófono primero y digo que todo estudiante de escuela pública merece tener un profesor pensante, intelectualmente desarrollado, moralmente apto, apasionado, bien descansado y remunerado, todos estarán de acuerdo también, expresó.
El problema, en este contexto, es que
los poderosos, los Walton de Walmart, la Fundación de Bill Gates, tienen el micrófono, y han logrado encuadrar el tema como de incompetencia de los profesores.
Al evaluar el impacto de eso, Ayers señala:
en lugar de apoyar a los maestros otorgándoles no sólo recursos físicos, sino también clases más reducidas, reformistas como Gates argumentan que los sindicatos del magisterio son el gran obstáculo para el progreso en las escuelas. ¿Adónde van con ese argumento? Esos reformistas tipo Gates desean, primero, destruir la voz colectiva de los profesores; segundo, imponer la administración privada de un recurso público, y tercero, definir el aprendizaje como una calificación en un examen estandarizado.
Abunda:
en torno al asunto sindical, buenas condiciones de trabajo son buenas condiciones para la enseñanza, y buenas condiciones para la enseñanza son buenas condiciones para el aprendizaje.
Por lo anterior, afirma, en una reforma del
sistema escolar
los maestros tienen que participar. No son los únicos con buenas ideas, pero son centrales en cualquier solución.
Ayers rechaza los términos del debate actual, en
el cual se repite que sólo hay dos opciones, algo que de manera reiterada se ve
en los grandes medios, “donde por un lado unos defienden los cosas como están y
otros desean luchar contra los sindicatos y privatizar las escuelas. Eso es
falso, nadie cree que sea aceptable cómo están las cosas en un lugar como
Chicago. La pregunta es: ¿qué hacer?, y ¿cuáles deberían de ser las nuevas
normas?
“Propongo una norma muy simple: que lo que la
gente más privilegiada y más sabia desea para sus propios hijos, eso debería de
ser la norma para los hijos de todos.
“Todos esos llamados ‘reformadores’ envían a sus
hijos a escuelas que son muy diferentes a las que proponen para los hijos de
otras personas. Nunca hay que confiar en un reformador que promueve para los
hijos de otros lo que nunca permitiría para los suyos.”
Señala que cuando Barack Obama y su esposa vivían
en Chicago enviaron a sus hijas a la misma escuela de los hijos de Ayers: la
famosa Chicago Laboratory School, donde las clases tenían un cupo máximo de 15
estudiantes, con profesores no sólo respetados, sino sindicalizados y bien
remunerados, con aulas con abundante material didáctico.
Si es suficientemente bueno para las hijas de Obama y para los míos, ¿por qué no es esa la norma para los niños en el lado oeste (el más pobre) de Chicago? Ahí tenemos clases con hasta 40 estudiantes en segundo grado de primaria. Es atroz.
Se le pidió su opinión sobre todos los datos y
documentos elaborados por expertos que citan los reformadores empresariales y
los políticos para promover sus iniciativas. Respondió:
nada de eso está basado en investigaciones. De hecho, las propuestas están basadas en la fe, no en hechos.
sábado, 15 de diciembre de 2012
Sobre el 21 de diciembre...
Publicado el 11/12/2012
NASA is so sure the world won't come to an end on Dec. 21, 2012, that they already released a video for the day after.
More questions about December 21, 2012? http://www.nasa.gov/2012/
Visit http://science.nasa.gov/science-news/science-at-nasa/2012/14dec_yesterday/ for more.
More questions about December 21, 2012? http://www.nasa.gov/2012/
Visit http://science.nasa.gov/science-news/science-at-nasa/2012/14dec_yesterday/ for more.
"...que el gobierno local como patrón sea congruente con el discurso que plantea para sus propios trabajadores"
Por una nueva política laboral
Arturo Alcalde Justiniani
Si bien el gobierno de la ciudad de
México ostenta en varios reglones una política de avanzada, en materia laboral
no puede presumir una distinción especial, pues ha relegado este tema, a pesar
de la gran importancia que tiene para la suerte de millones de hombres y
mujeres que en nuestra ciudad viven de su trabajo y cuya postración podría ser
sensiblemente superada si hubiera voluntad política para hacerlo. Nos referimos
a aquéllos que laboran en las ramas de industria y de servicios de competencia
local, ahí donde se encuentra el mayor número de trabajadores en las
condiciones más depauperadas: construcción, comercio, servicios, miles de
pequeños y medianos centros de trabajo donde laboran obreros que son objeto
cotidiano de violación de sus condiciones laborales y los grandes almacenes
comerciales que abarcan actividades diversas.
Los gobiernos progresistas en el mundo suelen
otorgar gran prioridad a la política laboral, precisamente porque el trabajo es
el único medio con que cuenta la mayoría de la población para sobrevivir y por
ello está protegido por un conjunto de normas cuya eficacia real depende, por
un lado, de la vigilancia del Estado, y por el otro, de la capacidad
organizativa de los propios trabajadores para hacer cumplir sus derechos y
mejorarlos por la vía de la contratación colectiva. En nuestra ciudad, ambos
elementos son prácticamente inexistentes; el gobierno no vigila, y prueba de
ello es que el instrumento más importante para hacerlo, que es la inspección de
trabajo, no existe, la negociación colectiva está atrapada en el esquema de los
contratos colectivos de protección patronal, que abarcan más de 90 por ciento
de los centros laborales.
El modelo laboral en el Distrito Federal sufre de
vicios similares al resto del país, a pesar de haberse creado la Secretaría del
Trabajo y Fomento al Empleo, ésta se encuentra desvinculada por lo que no
atiende cuestiones esenciales, tales como: libertad sindical, contratación
colectiva honesta, prevención de accidentes, promoción del diálogo social,
justicia pronta y expedita, cumplimiento de las normas mínimas de trabajo y
análisis y diagnóstico sobre los problemas laborales de la ciudad. Hasta ahora,
la política laboral se ha caracterizado por
nadar de muertitoen un escenario de carencia de recursos y de capacidad de iniciativas. Prueba de ello es la desvinculación entre esta secretaría y la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, organismos que deberían funcionar en torno a una misma estrategia.
La urgencia de una nueva política laboral local
es aún mayor si consideramos que la reciente Ley Federal del Trabajo plantea
retos y problemas crecientes; basta señalar cuatro: el incremento sensible de
las sanciones a patrones por el incumplimiento de las normas del trabajo, las
reglas en materia de subcontratación, el nuevo esquema de profesionalización y
la necesidad de que los juicios individuales concluyan antes de un año para no
afectar los salarios caídos del trabajador. Por lo que se refiere al primero,
se requiere de una inspección de trabajo profesional y honesta que promueva la
educación en el respeto a las normas y sancione las violaciones a las mismas.
En relación con la subcontratación, la existencia de
empresas de serviciosque abarcan múltiples ramas de actividad, que operan bajo un esquema de simulación, son formalmente de competencia local, aun cuando en esencia, deberían ser de carácter federal; tal es el caso, entre otras, de bancos, aseguradoras y empresas financieras, los otros retos dependen en buena medida del presupuesto.
Es claro que la responsabilidad para contar con
una política laboral como lo requiere nuestra comunidad, no depende tan sólo
del gobierno central, pues en buena medida comparte su responsabilidad con la
Asamblea Legislativa, ya que la solución de algunos de estos problemas depende
de recursos que deben ser aprobados por ésta, y que hasta ahora han sido
ubicados como de baja prioridad.
De las propuestas que se han sugerido para lograr
un cambio de rumbo en esta materia se encuentran las siguientes: el
fortalecimiento del área de inspección, tanto en número de inspectores como en
relación a sus medios de trabajo y la evaluación de su desempeño –hoy existen
tan solo dos docenas de inspectores, prácticamente sin recurso alguno–,
incrementar el presupuesto para la secretaría del ramo y para la Junta Local de
Conciliación y Arbitraje (JLCA), siempre y cuando se sujeten a una rendición de
cuentas periódica, con parámetros de cumplimiento. En tercer lugar, se plantea
la elaboración de un diagnóstico sobre la situación del trabajo en la ciudad,
identificando sus carencias y posibilidades de mejora. En cuarto lugar, es
importante destacar que el gobierno local como patrón sea congruente con el discurso
que plantea para sus propios trabajadores; son comunes los abusos que se
denuncian por la ilegal contratación por honorarios y otras modalidades de
relaciones de trabajo precarias.
También se sugiere promover convenios de
colaboración entre el gobierno de la ciudad y las instituciones educativas y de
investigación, tanto a nivel nacional como del extranjero; en particular, es
importante fortalecer la colaboración con la Organización Internacional del
Trabajo y las fundaciones especializadas en el ramo. Asimismo, deben
identificarse los cambios derivados de la nueva ley laboral que plantean
exigencias en distintos campos y explicitar los términos en que serán
cumplidos, incluyendo el nuevo sistema de profesionalización en el tribunal
laboral local.
Promover una política de rendición de cuentas es
una demanda central en procesos clave como el respeto a los derechos
colectivos, registro sindical y titularidad de contratos colectivos. Se propone
lograr una mayor vinculación con la sociedad civil y con los factores de la
producción, en especial con las organizaciones auténticas de trabajadores,
provocando un diálogo hasta hoy lamentablemente inexistente. Finalmente, se
sugiere la creación de un Instituto Local de Estudios del Trabajo y la
promoción de un observatorio ciudadano.
Una política laboral progresista en nuestra
ciudad, constituiría un acto de congruencia con los postulados del partido que
gobierna y seguramente provocaría un efecto imitación en el resto del país.
jueves, 13 de diciembre de 2012
"no es lo mismo medir que evaluar"
¿Reforma educativa?
Manuel Pérez Rocha
De nuevo, los maestros
son los chivos expiatorios. Los poderes fácticos (el gran capital), que
pervierten y enajenan mediante su televisión, su radio y otros medios a
los niños y a los jóvenes mexicanos, adoptan el papel de severos jueces
triunfantes: han conseguido la
reforma educativa. Ocultan que la televisión y la radio, con su frenética sucesión de estímulos visuales y auditivos, destruyen la capacidad de mantener la atención más allá de unos segundos en un solo tema: ¿cómo lograr que en la escuela los niños aprendan a leer una página? La televisión y la radio generan infinitos deseos de comprar y consumir, e incitan a satisfacerlos de inmediato (es tu derecho, les dicen): ¿cómo lograr que en la escuela se renuncie al impulso irreflexivo en aras de construir el futuro? La televisión y la radio presentan la extrema violencia como un valor: ¿cómo extrañarnos de la violencia escolar? La televisión y la radio presentan la deshonestidad, la traición y la ambición desmedida como comportamientos normales, incluso ejemplares: ¿cómo lograr que la escuela transmita valores morales y cívicos? La televisión y la radio propagan la competencia (la
competitividad) como actitud sagrada: ¿cómo lograr que en el aula se ejerza la indispensable cooperación que exige la buena educación? La televisión y la radio fomentan los fanatismos y difunden las creencias mágicas dándoles crédito: ¿cómo lograr que los niños se interesen por la ciencia? Si alguien cree que exagero, encienda Televisa y Tv Azteca y sus radiodifusoras, y hojee sus publicaciones impresas.
El medio social y cultural en que viven los niños y jóvenes es
determinante de lo que se puede lograr en la escuela. No es la escuela
quien determina hasta dónde puede llegar la sociedad, es la sociedad
quien determina hasta dónde puede llegar la escuela. Es indispensable
repetir el refrán africano:
Para educar a un joven se necesita la cooperación de toda la aldea. Nuestra
aldea, hipócrita, pone a los maestros en el banquillo de los acusados.
La propuesta de reformas constitucionales presentada hace tres días
no hace la menor consideración de estos factores socioculturales que
determinan la vida escolar y sus resultados. Tampoco hace una crítica de
los desastres causados por las erráticas políticas de los años
recientes, ni encarga una evaluación de los daños ocasionados por la
prueba Enlace y las acciones del
Acuerdo por la calidad educativa. A quien hay que evaluar –dice la enésima
reforma educativadel gobierno federal– es a los maestros, porque
el desempeño del docente es el factor más relevante de los aprendizajes. ¿Por qué no evalúan a la televisión?
La evaluación, por lo demás, empieza mal. En el párrafo primero de la
nueva fracción novena que se propone para el artículo tercero
constitucional se identifica
evaluacióncon
medición, el encargo para el nuevo INEE es
hacer mediciones(sic). Esto es una aberración: no es lo mismo medir que evaluar, y en el campo educativo los elementos más valiosos no pueden medirse, pero sí tienen que evaluarse, y los que sí pueden medirse, una vez medidos tienen que evaluarse.
Es grave que estando la evaluación en el centro de sus
preocupaciones no se hayan preocupado por tener un concepto claro de lo
que significa evaluar. Evaluar es juzgar, es decir si algo está bien o
no, si cumple con un determinado valor o no, si es satisfactorio o no;
medir es simplemente averiguar cuántas veces una unidad está contenida
en una cantidad. Medir el desempeño de un maestro significaría, por
ejemplo, determinar a cuántas clases asistió en el año, qué porcentaje
del programa cubrió, cuántas evaluaciones hizo a sus alumnos, etcétera.
Pero esos números por sí mismos nada dicen, deben dar paso a la
evaluación, la cual implica fijar un parámetro de comparación, un
criterio, un valor. Y aquí es en donde el problema se complica pues hay
que responder quién (o quiénes), de qué modo y con qué bases determina
ese criterio o valor, y los criterios y valores que deben aplicarse en
la evaluación de importantísimos aspectos que no pueden ser medidos.
No es una cuestión de palabras. La tarea encargada al INEE está
definida como una actividad meramente técnica y en la iniciativa de
reforma a la Constitución se plantea que este instituto tiene que estar
dirigido por técnicos profesionales altamente calificados. Hacer
mediciones es, en efecto, una tarea técnica; evaluar es una tarea mucho
más compleja que exige definiciones éticas, filosóficas, políticas y por
tanto no puede quedar sólo en manos de técnicos, deben participar de
manera real todos aquellos que tienen intereses legítimos en el asunto
evaluado.
Están ausentes del INEE los maestros, los estudiantes, los padres de
familia, no hay en su estructura un espacio institucional para que todos
estos intereses legítimos participen en lo que deben participar: en la
definición de criterios y parámetros, de políticas, de lineamientos. Se
dirá que estos asuntos no competen a la Constitución; en realidad toda
la iniciativa de reforma está fuera de lugar y no se explica que se
lleve a ese rango tan alto de la legislación más que como una acción con
intereses políticos: un mayor control del magisterio independiente.
Como en todo inicio de sexenio, desde hace más de cinco décadas, la
educación se pone en el centro de los discursos que buscan generar
esperanzas y legitimidad. Se desata entonces el más rancio
educacionismo(la idea de que la educación es la panacea, y su carencia la explicación de todos los males), que aleja el riesgo de que se cuestionen a fondo el sistema socioeconómico vigente, los intereses dominantes que de él se benefician, y la funesta influencia de los medios de difusión que controlan y explotan. Esta es la evaluación que apremia.
miércoles, 12 de diciembre de 2012
el acceso a la educación de calidad es un derecho colectivo fundamental, más allá de sus implicaciones medibles en el corto plazo
http://www.jornada.unam.mx/2012/12/12/opinion/021a1pol
Mal de muchos...
Claudio Lomnitz
Las iniciativas del gobierno federal y del rector de la UNAM
en materia de reforma educativa deben ser aplaudidas, aun en lo general y antes
de conocer todos sus detalles. Ha llegado la hora de que la sociedad mexicana
se haga cargo del tema educativo. No hay duda de eso, y no vale la pena
machacar el punto.
Como los retos a la transformación de la
educación y de la política científica de México requieren, también, de una
amplia discusión pública, quisiera poner mi grano de arena a partir de una
observación que me ha ido quedando cada vez más clara en mi larga trayectoria
de 25 años de trabajar en universidades de Estados Unidos.
En México el tema educativo se ha justificado
casi siempre como medio de ascenso social y a partir del valor de la igualdad
social. Pero esta justificación resulta muy insuficiente, no porque la
inversión en educación de calidad no lleve, a la larga, a mayor ascenso social
ni a mayor igualdad, sino porque frecuentemente no lo hace
a la corta(como lo demostró hace años el Nobel en economía James Heckmann), y sobre todo porque existen otra clase de justificaciones para la inversión educativa de calidad, que no han sido suficientemente discutidas ni comprendidas, como, por ejemplo y para empezar, cambiar la amplitud de miradas de la sociedad como un todo.
La crítica Fran Lebowitz dijo en entrevista hace
algunos años que cuando la crisis del sida en Nueva York, en los años ochenta,
el mundo artístico neoyorquino perdió algo verdaderamente fundamental: su
público más informado y exigente. Con la muerte de un sector clave de ese
público tan selecto, afirmó Lebowitz, la calidad de los espectáculos y del arte
tendió a la baja. Faltaba quien encontrara intolerable a la mediocridad, y
quien premiara el genuino mérito. La reposición de ese público ha sido un
proceso largo y nada sencillo. (Y quien no vea ni entienda la relación entre
innovación artística y economía puede revisar los datos acerca de la economía
de la cultura en ciudades como Nueva York.)
Se trata de una lección importante para México,
donde la gente se queja amargamente del bajo nivel de los políticos, de la
pobreza de la prensa y de la televisión, o de la baja calidad de la atención
médica. Aunque esas quejas se justifican ampliamente, hay casi siempre en ellas
algo de lo que los alemanes llaman shadenfreude (alegrarse por penas
ajenas): el ignorante es siempre el otro; el incompetente es siempre otro. Y la
reflexión no se vuelca al problema colectivo. Todos aspiran a ser tuertos en
tierra de ciegos.
Cuando hay más inversión –seria y exigente, no
nada más de aventarle dinero– en educación, ciencia y cultura, la capacidad de
discernimiento, discusión e innovación de la sociedad aumenta. Aumentan,
también, sus exigencias sobre sus representantes: un público culto pide siempre
más a sus políticos, a sus periodistas, a sus médicos, a sus arquitectos,
escritores, maestros o ebanistas, que un público que no haya tenido acceso al
estudio.
Y, sin embargo, nos parece fácil posponer esta
meta, siempre hacia un futuro lontano e indefinido. Si los niños de Oaxaca se
quedan un año sin escuela, pero nos gusta el signo político del sindicato que
lanza la huelga, nos quedamos callados. O minimizamos el efecto que tendrá para
la vida pública y privada una generación de oaxaqueños que perdió un año de
escuela, y a la que se trató de convencer que aquello no era grave y que
tendría reposición.
Las plazas en el sistema educativo, al igual que
en todo el gobierno, fueron tratadas como si se tratara de parcelas ejidales,
bienes públicos, sí, pero heredables, transferibles, e inalienables. El
problema está en que, a diferencia de la tierra, donde los estándares de
cultivo y producción son claros para todo campesino serio y trabajador, la educación
requiere de una revisión continua de contenidos, métodos y metas que piden que
los maestros revisen sus propios usos y costumbres de manera sistemática y
regular. Eso implica un compromiso vocacional que no se hereda ni se
transfiere.
A todo esto hay que agregar las actitudes de las
cúpulas empresariales y políticas del país, que han tendido a ver en la
educación únicamente un método de formación de cuadros. Ese punto de vista, que
degrada profundamente la esencia misma de la educación como proceso de
socialización y crecimiento del conocimiento colectivo, acaba por denigrar a la
sociedad toda, imaginando que la colectividad está ahí sólo para servir los
intereses creados, y para ocupar puestos ya perfectamente definidos en
industrias que ya existen. Pero la educación sirve para transformar y no sólo
para reproducir.
En este sentido, el acceso a la educación de
calidad es un derecho colectivo fundamental, más allá de sus implicaciones
medibles en el corto plazo. Esto no significa que los factores de corto plazo
sean irrelevantes, sino que a todos ellos hay que sumar este efecto difuso,
pero importantísimo.
La educación y la inversión en cultura y en
ciencia son el oxígeno que la sociedad necesita para reinventarse. El tema es,
genuinamente, de interés público, y la sociedad mexicana merece discusión
colectiva seria, que trascienda los puntos de vista de los intereses creados.
martes, 11 de diciembre de 2012
"sabremos honrar nuestros compromisos".
Dieciocho chinchones para la educación pública
Luis Hernández Navarro
Enrique Peña Nieto decidió sumar al
saldo con el que comienza su estancia en Los Pinos no sólo el costo de la
represión en Atenco, sino también el desprestigio de la masacre de Acteal y el
descarrilamiento del proceso de paz en Chiapas. Ese es el mensaje profundo que
el nombramiento de Emilio Chuayffet como secretario de Educación Pública envía
a amplios sectores de la sociedad.
Al nuevo gobierno, queda claro, lo tienen sin
cuidado los derechos humanos. No le importa poner al frente de la educación
pública del país a un político que ha sido señalado como uno de los
responsables de la masacre de 45 indígenas y que incumplió su palabra ante
legisladores alegando que cuando la empeñó había bebido 18 anises.
A lo largo de su carrera, Emilio Chuayfett no se
ha caracterizado por decir la verdad. Apenas el pasado 16 de agosto, durante su
tercer informe de diputado federal, anunció su inminente jubilación política.
Citando a Jesús Reyes Heroles, aseguró en esa ocasión: “Como en todas las
carreras, se acerca la hora del retiro. Y, como dicen por ahí, ‘el político que
no se retira a tiempo, la política lo abandona’”. Tres meses y medio después se
dispone a sentarse frente al escritorio de José Vasconcelos.
Así sucedió también cuando era secretario de
Gobernación durante la administración de Ernesto Zedillo. En aquella ocasión
ofreció sumarse a la iniciativa de la Comisión de Concordia y Pacificación
(Cocopa), la instancia creada por el Congreso de la Unión para coadyuvar a la
paz en Chiapas, para tratar de desatorar la negociación entre el EZLN y el
gobierno federal.
El 28 de noviembre de 1996, la Cocopa se reunió
en el hotel Flamboyant de San Cristóbal de las Casas. Allí aprobó elaborar una
iniciativa de ley sobre derecho y cultura indígenas que plasmara los acuerdos
alcanzados entre las partes el 16 de febrero de 1996, bajo la condición de que
tanto el gobierno como los zapatistas aceptaran la redacción del texto sin
objeciones.
El EZLN, por voz del subcomandante Marcos,
aprobó sin condiciones la propuesta. El secretario de Gobernación dijo:
sabremos honrar nuestros compromisos.
Durante varios días la comisión legislativa
trabajó arduamente en la reforma constitucional. El resultado final fue
bautizado como iniciativa Cocopa. El texto se entregó a las partes.
Los zapatistas lo aceptaron, a pesar de que la iniciativa no respondía a sus
expectativas. Su vocero añadió:
estaremos en posibilidad de firmar un protocolo de paz en el mes de marzo de 1997. La solución al conflicto estaba a la vuelta de la esquina.
Ese mismo día la Cocopa se reunió con Emilio
Chuayffet. El secretario se negó a honrar su compromiso. “Hemos revisado
cuidadosamente –dijo– la iniciativa de ley elaborada por ustedes, y tenemos
algunas observaciones de técnica jurídica por lo que el gobierno federal no
puede avalar el contenido de la misma.”
Cuando la comisión legislativa le preguntó dónde
quedaba la palabra empeñada por él, Chuayffet le respondió:
Ustedes disculpen, pero cuando me comprometí con ustedes me había tomado 18 chinchones y no estaba en condiciones propias para asumir un acuerdo de esa naturaleza.
Aproximadamente un año después, el 22 de
diciembre de 1997, se produjo la matanza de Acteal, en la que un grupo
paramilitar, apoyado por autoridades gubernamentales y por el Ejército, asesinó
a 45 indígenas, en su mayoría mujeres y niños que oraban por la paz en una
ermita en el municipio de Chenalhó (http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/325/32523118012.pdf).
El secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet,
supo que la masacre era inminente un mes antes de que se produjera y no hizo
nada para evitarla. El 18 de octubre, el obispo coadjutor de la diócesis de San
Cristóbal de las Casas, Raúl Vera López, envió una carta al entonces presidente
Ernesto Zedillo, por conducto de Chuayffet Chemor en la que advertía al
Ejecutivo que un baño de sangre era inminente. El mexiquense reconoció
posteriormente que él le había entregado la misiva personalmente al mandatario
antes del homicidio múltiple.
En la carta, monseñor Vera advierte: “Desde la
plática que tuvimos en agosto del año pasado (1996) te hablé del camino que
hacia un cambio profundo llevaba esta región y que si lo intentaban detener
sólo iban a lograr un baño de sangre… pues bien, eso del baño de sangre ya está
en marcha y se anticipa todavía más cruel”.
Según el entonces gobernador Julio César Ruiz
Ferro, mantuvo informado “…en todo momento al secretario de Gobernación sobre
la problemática en el municipio de Chenalhó”.
Su responsabilidad en los hechos fue tan evidente
que debió renunciar a su cargo por
motivos personales. Años después le pasó la factura a su jefe, y no sólo invitando a la boda de su hija a Carlos Salinas de Gortari como testigo de honor. En una declaración ministerial rendida en Toluca, estado de México, el 20 de diciembre de 2008, en el contexto de la
Fiscalía especializada de Chiapas para la investigación de delitos en el caso Acteal, aseguró:
que el gobierno federal, y por necesidad su titular, el presidente Ernesto Zedillo Ponce de León, conocieron hasta con más de un año de anticipación, por lo menos, que el clima de violencia en Chenalhó presentaba una preocupante intensificación.
En lo que es un homenaje a la impunidad, Emilio
Chuayffet está hoy al frente de la educación pública del país. ¿Con qué
autoridad moral puede conducir una reforma educativa? ¿Se instruirá a niños y
jóvenes en el valor de beber 18 chinchones para no cumplir con la palabra
empeñada? ¿Se premiará la mentira con buenas calificaciones? ¿Se declarará
mérito cívico la violación a los derechos humanos? ¡Salud!
lunes, 10 de diciembre de 2012
Becas a educación media y reforma al D.F.
Reporte Económico
El Pacto
por México (1/2)
David Márquez Ayala
El nuevo gobierno que ahora inicia llega - para millones de
mexicanos - bajo el estigma de Atenco y la sospecha (o convicción) de haber
viciado las elecciones con malas artes de corrupción electoral, compra de
votos, manipulación de encuestas, acuerdos inconfesables con los principales
medios electrónicos, y recursos a raudales de obscura procedencia que
excedieron con mucho los topes establecidos a gastos de campaña;
consecuentemente, se considera que lo anterior compromete inflexiblemente al
nuevo gobierno con sus poderosos patrocinadores y sus intereses, y lo ancla con
la corriente política neoliberal que ha hundido a México en las últimas tres
décadas. Además, sus reiterados ofrecimientos al capital corporativo y la
composición del gabinete económico tienden en mucho a reforzar esta percepción
pesimista.
A partir de la toma de posesión, sin embargo, es cuando el gobierno ha
entrado a la hora de la verdad, al terreno en que las palabras ya no son sólo
discursos sino compromisos frente a la Nación, y al tiempo en que el juicio
subjetivo se objetiviza en las decisiones y los hechos concretos de gobierno.En este contexto se ubica el Pacto por México, documento con cinco bloques temáticos y 95 compromisos signado precipitadamente un día después del cambio de gobierno por Peña Nieto y los presidentes de los tres mayores partidos políticos: PAN, PRD y PRI. Hemos considerado importante reproducir textualmente - así sea en severa síntesis - el contenido del polémico Pacto y expresar al respecto algunas opiniones, a lo cual dedicaremos éste y el siguiente Reporte, aclarando que por razones prácticas, el bloque de Acuerdos Económicos (2 en el Pacto) lo pasamos al final (5)
ACUERDOS
1. Acuerdos para una sociedad de derechos y libertades.
El siguiente paso de la democracia mexicana es la creación de una sociedad
de derechos que logre la inclusión de todos los sectores sociales y reduzca los
altos niveles de desigualdad que hoy existen entre las personas y entre las
regiones.1.1. Seguridad Social Universal.
• Acceso universal a los servicios de salud.- Se aprecian los avances alcanzados..., pero todavía debe avanzarse mucho en la calidad y el alcance efectivo de los servicios.
Para ello, se deben impulsar dos principios de reorganización del sector: la portabilidad de las coberturas para que todos los asegurados puedan ser atendidos en cualquiera de los sistemas públicos de salud a su elección, y la convergencia de los sistemas para igualar gradualmente la cobertura y calidad de todos ellos.
Ante los males asociados a la obesidad... prohibir en las escuelas los llamados alimentos chatarra.
• Pensión para los adultos mayores de 65 años que no cuenten con un sistema de ahorro para el retiro o pensión del IMSS o ISSSTE.
• Seguro de Desempleo... que cubra a los trabajadores del sector formal asalariado cuando pierdan su empleo...
• Seguro de vida para jefas de familia... para proteger la seguridad económica de sus hijos en caso de fallecimiento.
1.2. Sistema Nacional de Programas de Combate a la Pobreza... (que) eliminará el sesgo asistencial. La erradicación de la pobreza extrema debe garantizar un mínimo fundamental: la alimentación.
1.3. Educación de calidad y con equidad.
• Sistema de Información y Gestión Educativa
• Consolidar el Sistema Nacional de Evaluación Educativa.
• Autonomía de gestión de las escuelas.
• Escuelas de Tiempo Completo.
En aquellas que más lo necesiten, se impulsarán esquemas eficientes para el suministro de alimentos nutritivos a los alumnos a partir de microempresas locales.
• Computadoras portátiles con conectividad... para todos los alumnos de 5to y 6to de primaria de escuelas públicas
• Crear el Servicio Profesional Docente.
• Fortalecer la educación inicial de los maestros.
• Incrementar (la calidad) y la cobertura cuando menos al 80% en educación media superior y al 40% en superior.
• Un Programa Nacional de Becas para alumnos de educación media superior y superior, focalizado en las familias de los cuatro deciles con menos recursos.
1.4. La cultura como elemento de cohesión social.
• Protección del patrimonio cultural.
• Infraestructura cultural en los estados.
• Educación artística.
• Estímulos a creadores.
• La cultura como proyección de México en el mundo.
1.5. Defender los derechos hu-manos como política de Estado... con diversas leyes y medidas, entre ellas: Analizar la creación de la Cédula de Identidad Ciudadana y el Registro Nacional de Población.
1.6. Derechos (y fortalecimiento) de los pueblos indígenas.
• Educación, salud, infraestructura y créditos para los habitantes de comunidades indígenas como prioridad presupuestal.
• Acceso equitativo a la justicia y a la educación.
2. Acuerdos para la seguridad y la justicia.- El principal objetivo será recuperar la paz y la libertad disminuyendo la violencia; en específico se focalizarán los esfuerzos del Estado para reducir los tres delitos que más lastiman a la población: asesinatos, secuestros y extorsiones. Para cumplir con estos objetivos se implementarán las siguientes acciones:
2.2. Reformar los cuerpos de policías.
• Se aplicará un esquema de Policías Estatales Coordinadas.
• Se creará la Gendarmería Nacional como un cuerpo de control territorial.
2.3. Implantar en todo el país el nuevo sistema de justicia penal, acusatorio y oral.
2.4. (También) un Código Penal y un Código de Procedimientos Penales Únicos.
2.5. Reforma a Ley de Amparo.
2.6. Reforma integral del sistema penitenciario.
3. Acuerdos para la transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción.
3.1. Instrumentar la Reforma para la Rendición de Cuentas Contables.
3.2. Reforma para ampliar facultades del IFAI.
• Se impulsará una reforma constitucional para hacer del IFAI... un órgano autónomo, con facultades (ampliadas) ante todos los poderes públicos federales.
• Los órganos estatales serán autónomos, colegiados y especializados en transparencia.
3.3. Crear un Sistema Nacional contra la Corrupción y un Consejo Nacional para la Etica Pública.
4. Acuerdos para la Gobernabilidad Democrática.
4.1. Gobiernos de Coalición.
4.2. Toma de protesta del Presidente el 15 de septiembre.
4.3. Partidos Políticos y Elecciones. Se aprobará una Ley General de Partidos, y una reforma electoral que abarque:
• Reducción y mayor transparencia del gasto de los partidos.
• Disminución en el monto de los topes de campaña.
• Incorporación a las causales de nulidad de una elección lo siguiente: 1) el rebase de los topes de campaña; 2) la utilización de recursos al margen de las normas que establezca el órgano electoral; y 3) la compra de cobertura informativa en cualquiera de sus modalidades periodísticas, con la correspondiente sanción al medio de que se trate.
• Revisión de los tiempos oficiales de radio y televisión para impulsar una cultura de debate político y una racionalización del uso de los anuncios publicitarios.
• Prohibir el uso y la entrega de utilitarios de promoción electoral.
• Evitar el uso de esquemas financieros y/o recursos de origen ilícito con el propósito de inducir y coaccionar el voto.
• Crear una autoridad electoral de carácter nacional y una legislación única, que se encargue tanto de las elecciones federales como de las estatales y municipales.
4.4. Reforma del Distrito Federal.- Impulsaremos la culminación del proceso... abarcando entre otros los siguientes temas:
• Dotar de una Constitución propia al Distrito Federal.
• Revisar las facultades del Jefe de Gobierno y de la Asamblea Legislativa del DF.
• Definir un esquema del Distrito Federal que considere su carácter de capital de la República.
4.5. Revisión global de los fueros... para que nadie tenga privilegios.
4.6. Leyes reglamentarias de la reforma política relativas a candidaturas independientes, iniciativa ciudadana, iniciativa preferente, y consulta popular.
4.7. Revisar la reelección de legisladores.
4.8. Medios de Comunicación.- Para transparentar y racionalizar los recursos que el Estado invierte en publicidad en los medios de comunicación, se creará una instancia ciudadana y autónoma que supervise que la contratación de publicidad de todos los niveles de gobierno en medios de comunicación se lleve a cabo bajo los principios de utilidad pública, transparencia, respeto a la libertad periodística y fomento del acceso ciudadano a la información, así como establecer un límite en el ejercicio del gasto en publicidad de cada entidad pública en proporción a su presupuesto, salvo las situaciones de emergencia vinculadas a protección civil o salud. De igual forma, se dará cumplimiento al artículo tercero transitorio de la reforma constitucional del 13 de noviembre de 2007, para garantizar el derecho de réplica.
• - •
Hasta aquí poco tenemos que opinar. Si bien un poco dispares, las acciones comprometidas se observan positivas en lo general, a reserva de conocer su alcance preciso más adelante, como en el caso por ejemplo, de una nueva Gendarmería Nacional.
UNIDAD TÉCNICA DE ECONOMÍA SA de CV • ciudad de México • Teléfono / Fax: 5135 6765 • unite@i.com.mx
Suscribirse a:
Entradas (Atom)