Reforma educativa: incluir a los docentes
El viernes pasado, la Comisión de
Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de
reformas al artículo 3º de la Constitución enviado al Congreso por Enrique Peña
Nieto, que en su parte central plantea la creación de un
servicio profesional docente, según el cual el acceso, la permanencia y los ascensos de los profesores dentro del sistema de educación pública estarían vinculados a mediciones respecto de su desempeño.
A reserva de lo que suceda en San Lázaro el
próximo martes –cuando se prevé que el dictamen referido sea votado por el
pleno–, la iniciativa presidencial en materia educativa reviste algunos
aspectos preocupantes.
Salta a la vista, por principio de cuentas, que el
proyecto de reforma tenga como eje fundamental la evaluación constante del
personal docente –medida que es en principio irreprochable, y que incluso es
respaldada por el grueso del magisterio del país–, sin que al mismo tiempo
contemple un viraje en el enfoque reduccionista y tecnocrático vigente en ese
rubro, que consiste en equiparar la evaluación con la simple medición de
indicadores del desempeño académico y que en años recientes se ha valido de la
aplicación de pruebas estandarizadas tanto a maestros como a alumnos: dicho
diseño ha sido objeto de duras críticas por diversos especialistas en la
materia, en la medida en que los exámenes referidos no toman en cuenta las
diferencias sociales, culturales y económicas que afectan al proceso de
enseñanza y no permiten, por tanto, conocer los factores que debilitan o
fortalecen el aprendizaje de los educandos ni ponderar, en consecuencia, las
verdaderas capacidades pedagógicas de los docentes.
Pero acaso el punto más criticable de la reforma
comentada sea que en ella se insiste en presentar a los profesores como los
responsables últimos y casi exclusivos de las deficiencias existentes en el
sistema de enseñanza a cargo del Estado, lo que genera una doble distorsión en
la comprensión pública del problema: por un lado, se les somete a presiones y
ataques injustificables –incluso en el terreno de sus derechos y estabilidad
laboral– que son totalmente ajenos a sus responsabilidades de formación; por el
otro, se pasan por alto factores determinantes de la problemática, como la
corrupción, la inequidad y el rezago social, el abandono presupuestario, la
incidencia de los poderes fácticos –particularmente los medios de comunicación–
y la compleja relación de los últimos años entre autoridades federales y la
cúpula charra que controla el magisterio.
Un punto de referencia ineludible en el contexto
de esta discusión es la situación que enfrenta Estados Unidos, país pionero y
principal impulsor de este tipo de reformas basadas en la
evaluación docente, y en el que hoy día persisten a pesar de todo graves rezagos y un descontento generalizado por parte de los profesores por la aplicación de una política a todas luces fallida, que los ha colocado a merced del escarnio social y mediático y de la inestabilidad laboral. Peor aun: el empeño político-empresarial por reformar el sistema educativo estadunidense sin atender los distintos ejes de desigualdad involucrados en ese ámbito ha terminado por revelarse como una embestida en contra de la escuela pública y a favor de la creación de oportunidades de negocio para particulares en el
mercado de la educación.
Sería desastroso que la reforma presentada por
Peña Nieto termine por volverse una ventana por la que se cuelen nuevos ataques
a la enseñanza pública. Por lo pronto, el propio equipo presidencial mostró una
falta de visión y sensibilidad difícilmente compatible con el propósito de
recuperar la rectoría del Estado en materia educativa, al diseñar una estrategia de mejoramiento para la educación sin tomar en cuenta al eslabón más importante de la cadena: los docentes. Es necesario que dicha omisión se corrija, y que la presente administración se conduzca, también en ese ámbito, con actitudes incluyentes y transparentes.
¿Y uds. como docentes que opinan?
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