Por una nueva política laboral
Arturo Alcalde Justiniani
Si bien el gobierno de la ciudad de
México ostenta en varios reglones una política de avanzada, en materia laboral
no puede presumir una distinción especial, pues ha relegado este tema, a pesar
de la gran importancia que tiene para la suerte de millones de hombres y
mujeres que en nuestra ciudad viven de su trabajo y cuya postración podría ser
sensiblemente superada si hubiera voluntad política para hacerlo. Nos referimos
a aquéllos que laboran en las ramas de industria y de servicios de competencia
local, ahí donde se encuentra el mayor número de trabajadores en las
condiciones más depauperadas: construcción, comercio, servicios, miles de
pequeños y medianos centros de trabajo donde laboran obreros que son objeto
cotidiano de violación de sus condiciones laborales y los grandes almacenes
comerciales que abarcan actividades diversas.
Los gobiernos progresistas en el mundo suelen
otorgar gran prioridad a la política laboral, precisamente porque el trabajo es
el único medio con que cuenta la mayoría de la población para sobrevivir y por
ello está protegido por un conjunto de normas cuya eficacia real depende, por
un lado, de la vigilancia del Estado, y por el otro, de la capacidad
organizativa de los propios trabajadores para hacer cumplir sus derechos y
mejorarlos por la vía de la contratación colectiva. En nuestra ciudad, ambos
elementos son prácticamente inexistentes; el gobierno no vigila, y prueba de
ello es que el instrumento más importante para hacerlo, que es la inspección de
trabajo, no existe, la negociación colectiva está atrapada en el esquema de los
contratos colectivos de protección patronal, que abarcan más de 90 por ciento
de los centros laborales.
El modelo laboral en el Distrito Federal sufre de
vicios similares al resto del país, a pesar de haberse creado la Secretaría del
Trabajo y Fomento al Empleo, ésta se encuentra desvinculada por lo que no
atiende cuestiones esenciales, tales como: libertad sindical, contratación
colectiva honesta, prevención de accidentes, promoción del diálogo social,
justicia pronta y expedita, cumplimiento de las normas mínimas de trabajo y
análisis y diagnóstico sobre los problemas laborales de la ciudad. Hasta ahora,
la política laboral se ha caracterizado por
nadar de muertitoen un escenario de carencia de recursos y de capacidad de iniciativas. Prueba de ello es la desvinculación entre esta secretaría y la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, organismos que deberían funcionar en torno a una misma estrategia.
La urgencia de una nueva política laboral local
es aún mayor si consideramos que la reciente Ley Federal del Trabajo plantea
retos y problemas crecientes; basta señalar cuatro: el incremento sensible de
las sanciones a patrones por el incumplimiento de las normas del trabajo, las
reglas en materia de subcontratación, el nuevo esquema de profesionalización y
la necesidad de que los juicios individuales concluyan antes de un año para no
afectar los salarios caídos del trabajador. Por lo que se refiere al primero,
se requiere de una inspección de trabajo profesional y honesta que promueva la
educación en el respeto a las normas y sancione las violaciones a las mismas.
En relación con la subcontratación, la existencia de
empresas de serviciosque abarcan múltiples ramas de actividad, que operan bajo un esquema de simulación, son formalmente de competencia local, aun cuando en esencia, deberían ser de carácter federal; tal es el caso, entre otras, de bancos, aseguradoras y empresas financieras, los otros retos dependen en buena medida del presupuesto.
Es claro que la responsabilidad para contar con
una política laboral como lo requiere nuestra comunidad, no depende tan sólo
del gobierno central, pues en buena medida comparte su responsabilidad con la
Asamblea Legislativa, ya que la solución de algunos de estos problemas depende
de recursos que deben ser aprobados por ésta, y que hasta ahora han sido
ubicados como de baja prioridad.
De las propuestas que se han sugerido para lograr
un cambio de rumbo en esta materia se encuentran las siguientes: el
fortalecimiento del área de inspección, tanto en número de inspectores como en
relación a sus medios de trabajo y la evaluación de su desempeño –hoy existen
tan solo dos docenas de inspectores, prácticamente sin recurso alguno–,
incrementar el presupuesto para la secretaría del ramo y para la Junta Local de
Conciliación y Arbitraje (JLCA), siempre y cuando se sujeten a una rendición de
cuentas periódica, con parámetros de cumplimiento. En tercer lugar, se plantea
la elaboración de un diagnóstico sobre la situación del trabajo en la ciudad,
identificando sus carencias y posibilidades de mejora. En cuarto lugar, es
importante destacar que el gobierno local como patrón sea congruente con el discurso
que plantea para sus propios trabajadores; son comunes los abusos que se
denuncian por la ilegal contratación por honorarios y otras modalidades de
relaciones de trabajo precarias.
También se sugiere promover convenios de
colaboración entre el gobierno de la ciudad y las instituciones educativas y de
investigación, tanto a nivel nacional como del extranjero; en particular, es
importante fortalecer la colaboración con la Organización Internacional del
Trabajo y las fundaciones especializadas en el ramo. Asimismo, deben
identificarse los cambios derivados de la nueva ley laboral que plantean
exigencias en distintos campos y explicitar los términos en que serán
cumplidos, incluyendo el nuevo sistema de profesionalización en el tribunal
laboral local.
Promover una política de rendición de cuentas es
una demanda central en procesos clave como el respeto a los derechos
colectivos, registro sindical y titularidad de contratos colectivos. Se propone
lograr una mayor vinculación con la sociedad civil y con los factores de la
producción, en especial con las organizaciones auténticas de trabajadores,
provocando un diálogo hasta hoy lamentablemente inexistente. Finalmente, se
sugiere la creación de un Instituto Local de Estudios del Trabajo y la
promoción de un observatorio ciudadano.
Una política laboral progresista en nuestra
ciudad, constituiría un acto de congruencia con los postulados del partido que
gobierna y seguramente provocaría un efecto imitación en el resto del país.
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