#1DMX no se olvida
John M. Ackerman
Después de dos traslados
pacíficos del poder presidencial en 2000 y 2006, la violencia política ha
retornado. El primero de diciembre docenas de jóvenes fueron brutalmente
reprimidos por la fuerza pública, y dos activistas pacíficos, Uriel Sandoval y
Juan Francisco Kuykendall, gravemente lesionados. El primero perdió un ojo y el
segundo parte de su cerebro, ambos heridos por la violencia ejercida por la
Policía Federal. Asimismo, las detenciones arbitrarias y la incapacidad de la
policía capitalina para proteger negocios y monumentos revelaron el estado de
desprotección en que nos encontramos los habitantes de la ciudad de México. La
liberación de algunos presos políticos ayer no modifica en absoluto los agravios
cometidos.
Recordemos cómo en 1988 fueron asesinados dos
colaboradores de alto nivel del entonces candidato presidencial, Cuauhtémoc
Cárdenas, cuatro días antes de las elecciones presidenciales. Francisco Ovando
y Román Gil habían construido una red nacional para recolectar los resultados
electorales el día de los comicios. Gracias a su muerte fue más fácil para
Carlos Salinas orquestar el fraude que cancelaría la posibilidad de una
alternancia hacia la izquierda en aquel año.
Seis años después, el 23 de marzo de 1994, el
candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio, fue asesinado a sangre
fría a plena luz del día. La tensión entre el presidente Salinas y el candidato
Colosio había aumentado desde el nombramiento de Manuel Camacho como comisionado
para la Paz en Chiapas, lo cual permitió al ex regente capitalino tener más
reflectores que el candidato presidencial. Dos semanas antes de su
fallecimiento, Colosio había marcado su distancia de Salinas en un simbólico
discurso en el Monumento a la Revolución. No pocos cronistas e historiadores
han señalado que con ese pronunciamiento público, Colosio firmó su sentencia de
muerte.
Las elecciones presidenciales de 2000 y 2006 no
fueron de ninguna manera ni pulcras ni equitativas. En 2000, tanto el candidato
del PRI, Francisco Labastida, como Vicente Fox recibieron enormes cantidades de
dinero de manera ilegal. Si bien el IFE impuso multas históricas en los casos
de Pemexgate y Amigos de Fox, nunca se llegó al fondo de las telarañas
de financiamiento ilícito y la mayoría de los responsables quedaron impunes.
Hoy, por ejemplo, Carlos Romero Deschamps, líder petrolero y uno de los
principales responsables del Pemexgate, despacha cómodamente desde una
curul en el Senado.
La elección de 2006 también estuvo marcada por
las graves irregularidades que todos conocemos. Hubo una intervención indebida
desde la Presidencia de la República, una campaña mediática calumniosa
financiada ilegalmente por el sector privado y un total desaseo en el conteo de
los votos. El dato más indicador es que a la fecha los ciudadanos aún no hemos
podido revisar la papelería de aquellas fatídicas elecciones.
En 2012 nos encontramos ante una macabra síntesis
de las viejas y las nuevas formas para defraudar la voluntad popular y violentar
la democracia.
Uriel Sandoval, Juan Francisco Kuykendall y las
docenas de activistas que fueron arbitrariamente detenidos y encarcelados son
hoy lo que fueron Ovando y Gil en 1988 y Colosio en 1994: víctimas de un
sistema político que está dispuesto a cualquier cosa con tal de no perder su
control sobre las palancas del poder. Hubo una clara sed de venganza. Alguien
tuvo que pagar por la insubordinación de los jóvenes del movimiento #YoSoy132.
Como complemento, tenemos unos días después el
carpetazo anticipado del IFE de los casos de Monex y Soriana. Y por su
destacada labor en la protección de los potentados, la magistrada María del
Carmen Alanís recibe de manos de Enrique Peña Nieto un anillo de diamantes como
la mujer del año.
Hace falta repudiar sin regateos la violencia
porril ejercida por los grupos de choque muy probablemente auspiciados desde
las más altas esferas del nuevo gobierno federal.
Esa vieja estrategia de los halcones la
conocemos bien desde 1971. También es importante señalarles a los pocos jóvenes
que auténticamente creen en métodos violentos de lucha, que esa senda está
destinada al fracaso y que además pone en grave riesgo la integridad física de
sus compañeros y amigos pacifistas.
No se debe nunca dar pretextos a la autoridad
para cancelar el derecho constitucional a la libre manifestación pacífica.
Hay, sin embargo, buenas noticias. Primero, se
demostró la enorme fuerza de las redes sociales y las cámaras ciudadanas como
instrumentos para la autodefensa popular. A partir de hoy, no puede haber
protesta o acción ciudadana sin una comisión formal a cargo de grabar desde
todos los ángulos posibles. Así se podrá evitar tanto la infiltración de los
saboteadores como las detenciones arbitrarias. Con estas protecciones, los
jóvenes podrán vencer el miedo e inundar de nuevo las calles para continuar
defendiendo sus muy justificadas demandas para la total renovación de la clase
política nacional.
La otra buena noticia es que Marcelo Ebrard
termina hundiendo toda posibilidad para recibir el apoyo de la izquierda en
2018. Cada vidrio roto el pasado primero de diciembre se debe a una
imperdonable falla en la vigilancia de sus policías. Y cada joven detenido
injustamente fue un imperdonable agravio a la ciudadanía por parte de su
gobierno.
Muchos ya lo sabíamos, pero hoy como nunca queda
claro que Ebrard es igual de represor y cínico que Peña Nieto. Si quiere
contender por Los Pinos, que lo haga por donde le corresponde: el PRI. #1DMX no
se olvida #TodosSomosPresos.
Twitter: @JohnMAckerman
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