El dilema de la CNDH
frente a la evaluación estandarizada
Hugo Aboites*
En
1997, cuando apenas comenzaba a imponerse en México la política oficial de
evaluación estandarizada (es decir, la utilización de un referente o
instrumento externo y único de evaluación) y surgían las protestas por ese
motivo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos optó por defender a ultranza
la primera de esas evaluaciones masivas: el examen único para el ingreso al
bachillerato. Como ya en ese momento el artículo tercero constitucional
establecía que
todo individuo tiene derecho a recibir educación, la comisión no podía alegar que el reclamo de los jóvenes excluidos carecía de sustento y optó entonces por decir que había una confusión: “No debe confundirse –decía– el derecho a la educación con el derecho a ingresar a las instituciones de nivel medio superior y superior”. Una vez establecida esa distinción, era entonces posible defender el examen de selección y de exclusión pues el que se le impidiera el acceso a una escuela no significaba que se negara el derecho a la educación. La distinción permitía incluso llegar al extremo de plantear que precisamente la desesperada competencia entre los jóvenes por no quedar excluidos era lo que aseguraba la igualdad en el acceso a este derecho:
El principio de igualdad de oportunidades supone una situación en la cual varias personas compiten entre sí para la consecución de un objetivo único e indivisible: el ingreso a las instituciones de educación superior(ver, del autor, La medida de una nación, páginas 566-567, 562).
Hoy en 2013, la CNDH se ve en la necesidad de tomar una posición
frente a la evaluación estandarizada pues desde hace meses tiene en sus manos
la queja que contra el examen único le presentó el Movimiento de Aspirantes
Excluidos de la Educación Superior (MAES). Aunque los organizadores del examen
único (UNAM, IPN, etcétera) han cancelado ya la exclusión más evidente, la de
aquellos aspirantes que no alcanzaban determinado puntaje, siguen manteniendo
otros criterios que de manera eficiente cumplen el mismo propósito, como el
cobro de varios cientos de pesos como condición indispensable para acceder y
permanecer en ese nivel educativo, y un examen que a la hora de distribuir los
lugares siempre da preferencia a los aspirantes de género masculino y a los de
estratos sociales más favorecidos.
La situación de los derechos humanos en el examen único ha
cambiado poco, pero el contexto ciertamente ya no es el mismo. Ahora el derecho
a la educación media superior es constitucional, con lo que no cabe ya aplicar
la distinción de 1997. Pero además, hoy los exámenes estandarizados están
siendo seriamente cuestionados. Las detalladas denuncias de los maestros y
especialistas han contribuido a desnudar la inoperancia y carácter
contraproducente de una evaluación construida a partir de patrones únicos de
referencia para una nación plurirregional y pluricultural. Y la SEP acaba de
cancelar la prueba Enlace y el examen para seleccionar maestros, ambas
estandarizadas. Ya antes, la Conapred había encontrado discriminatoria a la
prueba Enlace y la SEP misma utiliza exámenes de selección para sus
universidads interculturales. La UACM y las preparatoriass del GDF no utilizan
estos exámenes y, desde hace medio siglo, casi la mitad de los admitidos a la
UNAM lo hacen sólo con base en el promedio (pase automático). Y, como aparece
en los análisis que entregó el MAES a la CNDH, mientras que los rasgos de
discriminación por género y origen social se mantienen entre los que se
seleccionan con base en el examen, esos rasgos desaparecen en el caso de los
admitidos sin examen.
En este contexto, la CNDH puede optar por seguir defendiendo la
evaluación estandarizada, con la ayuda de alguna imaginativa tesis, pero
también puede recomendar a la SEP que, en un momento en que desde el Ejecutivo
la evaluación es motivo de discusión y de cambios importantes, abra un diálogo
sobre los derechos humanos en el acceso a la educación, la ampliación de la
cobertura y la garantía de una educación equitativa para todos en la media
superior. La participación de maestros, estudiantes, padres de familia, pero
también autoridades, especialistas y de la propia CNDH y otros organismos
podría ofrecer alternativas a un mecanismo que muestra crecientes limitaciones.
Entre otras, que ha propiciado un significativo incremento en la deserción en
este nivel.
* Profesor/investigador del Departamento de Educación y
Comunicación, UAM-Xochimilco. Su libro más reciente es La
medida de una nación.
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