Cantinflas llega al Tec de Monterrey

Negocios y engaños

Manuel Pérez Rocha

E

l editorial de La Jornada del pasado martes 10 de este mes analiza con gran acierto el mal llamado Programa Nacional de Financiamiento a la Educación Superior anunciado por Felipe Calderón un día antes. El citado programa, cabe subrayar, es un indignante conjunto de engaños. El primero está en el nombre mismo de lo anunciado, pues no es nacional y no financia a la educación superior –pues por tal se entiende al conjunto de todas las instituciones de ese nivel educativo–, sino sólo a un conjunto (ahora 18) de las selectas instituciones privadas que lo imparten.

En realidad, señala con acierto el editorial de La Jornada, se trata de un negocio bancario que beneficiará a esas instituciones educativas privadas, lucrativas, y a un conjunto de bancos, la mayor parte extranjeros (los gigantes HSBC, BBVA y Santander) y una Sofol apoyada por el Banco Mundial. Para los bancos y la Sofol no hay el menor riesgo: el programa está garantizado por Nacional Financiera (Nafin) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; los eventuales tropiezos serán pagados con recursos públicos; cobrarán sus intereses (10 por ciento según lo anunciado, pero en el folleto de Nafin ponen como ejemplo indicativo 12.5 por ciento) y el capital también está asegurado pues, para otorgar el crédito, se exige al estudiante contar con un deudor solidario o aval con relación patrimonial (engañosamente Calderón anunció que se eliminaba el requisito de una garantía hipotecaria); otros requisitos son que ni el estudiante ni el deudor solidario tengan experiencia negativa en Buró de Crédito y la contratación de un seguro de vida para el estudiante.
El director de Nafin promete a los bancos, para asegurarles clientes, que las propias universidades harán un esfuerzo promocional con los estudiantes que quieran ingresar a su plantel mediante pláticas y material publicitario, y los bancos instalarán módulos de atención en los campus más importantes para orientar y recibir las aplicaciones (sic) correspondientes. Es necesario demandar que se hagan públicos los contratos de Nafin con los bancos, pues no queda clara la razón por la cual el gobierno destina ahora 2 mil 500 millones de pesos a este programa, y llama la atención el entusiasmo de los bancos.
Una exigencia adicional a los estudiantes, para otorgar el crédito, es mantener como mínimo un promedio de calificaciones de ocho, lo cual implica que sea alumno regular y dedique tiempo completo a los estudios. ¿Cuántos jóvenes mexicanos podrán cumplir esas exigencias económicas y escolares? Un engaño de fondo es, pues, la afirmación de que con este programa se democratizará el acceso a la educación superior, se logrará una sociedad mas cohesionada, más igualitaria y más solidaria y se brindará igualdad de oportunidades a todos los jóvenes. Este programa, se anuncia, liberará, además, recursos para que las familias puedan destinar una mayor parte en vivienda o en ahorro para el futuro, suavizando el patrón de gasto que implica la educación. ¿Cuáles familias? Las familias privilegiadas que envían a sus hijos al Tecnológico de Monterrey –donde se anunció este programa– y otras instituciones semejantes, las cuales destinan parte de sus recursos a pagar altas colegiaturas. Aun con el crédito, los pagos están fuera del alcance de la gran mayoría de las familias mexicanas. En el folleto de Nafin se presenta un ejemplo: en el último semestre de su carrera el estudiante beneficiado con el crédito estaría pagando mil 875 pesos mensuales de intereses y 5 mil 555 pesos semestrales de complemento de colegiatura; los siguientes seis meses de gracia estaría pagando mil 875 pesos mensuales, y a partir de que consiga un empleo (en no más de seis meses) deberá efectuar 108 pagos de 2 mil 784 pesos mensuales. Resultado: por una carrera cuyo costo es 230 mil pesos acabaría pagando 371 mil 500 pesos en un plazo máximo de 10 años (sólo en colegiaturas).

El programa se estableció para ayudar a resolver los problemas de algunas de las familias de la clase media alta con dificultades para pagar las elevadas colegiaturas de esas instituciones lucrativas, procurar que no disminuya la clientela de éstas, garantizarles el pago de las colegiaturas con la obligación bancaria adquirida por las familias y dar una nueva oportunidad de negocios a los bancos. Nada tiene que ver con las necesidades de la juventud mexicana y la construcción de una sociedad igualitaria y democrática. El programa es expresamente elitista, están excluidos los estudiantes de las instituciones públicas y los de las privadas no incorporadas a él. Es indignante que se presenten dichos negocios como Programa Nacional de Financiamiento a la Educación Superior.
Con desmesura incomparable, tanto Calderón como los demás oradores en la ceremonia en la que se presentó este negocio proclamaron que con él se elevará la productividad de nuestro país, y esto se traduce en mayor inversión y creación de empleos, se fortalecerá el desarrollo social de México y esto trae consigo menores tasas de delincuencia, reforzando así y complementando la estrategia de seguridad del país.
De manera reiterada, Calderón identificó a la educación privada como la educación de calidad. Como indicador casual de dicha calidad está el siguiente párrafo de la intervención del rector general del Sistema Tecnológico de Monterrey en la ceremonia de presentación del programa: Cuando yo vi toda la oportunidad de muchachos que no tienen oportunidad, que tienen un gran liderazgo y no tienen la oportunidad de acceder a la educación, cuando empecé a darme cuenta que (sic) el Tecnológico, más de la mitad de los alumnos tienen oportunidad de tener algún tipo de beca, pero que aun así hay todavía tres cuartas partes de mexicanos que están en edad de poder estar en estudios universitarios y no tienen acceso, la gran pregunta es: ¿qué tenemos que hacer? (literal, sin comentarios).

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¿Que hacer?