2500 millones a escuelas privadas y sólo el 0.62% del PIB a educación pública

De los salarios y conflictos universitarios
Arturo Alcalde Justiniani

El modelo laboral vigente en las universidades públicas se ve crecientemente afectado por la precariedad presupuestal, salarial y la simulación. Los rudos topes salariales anuales, la remuneración a través de estímulos y becas que siendo auténticos salarios se otorgan de manera discrecional, y el envejecimiento de la planta académica que se resiste con razón a la jubilación, porque su salario no es reconocido como tal, coadyuvan para ello.

Si bien la degradación salarial es un fenómeno común en nuestro país, en las universidades públicas es particularmente dura; año tras año se imponen los topes salariales que han ido minando el sueldo en detrimento de la condición de vida de los trabajadores universitarios tanto académicos como administrativos; en el caso del personal de confianza o directivo éste suele sujetarse a reglas diferentes.

La caída salarial, herramienta importante de la política económica actual, desemboca en una afectación grave a la calidad de vida de la población trabajadora y en el crecimiento de la falta de equidad; el nivel salarial condiciona la suerte del mercado interno y la posibilidad de contar con un modelo laboral justo y productivo, pero curiosamente cuando se habla y se repite el tema de la reforma laboral este renglón se ignora.

Las revisiones salariales en las universidades se sujetan a un ciclo que se repite cada año y se inicia con la negociación, el primero de noviembre del año anterior, entre el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (STUNAM) y la UNAM. Lo acordado con este gremio se busca imponer al resto del sector; sin embargo, a lo largo del tiempo esta política no ha resultado fácil para las autoridades, por los reducidos incrementos, repudiados una y otra vez por los trabajadores, motivo por el cual algunas instituciones se ven obligadas a complementar el tope salarial oficial con otras vías de remuneración como los pagos únicos o las retabulaciones.

El primero de noviembre de 2011, el STUNAM acordó un incremento de 3.8 por ciento aplicable al personal administrativo, si bien con anterioridad había pactado una retabulación que no se anunció públicamente. El porcentaje de 3.8 es sensiblemente menor no sólo a la inflación real, sino también a los incrementos que se otorgan al resto del mercado laboral. La precariedad se ahonda al hacer los cálculos sobre la base de sueldos excesivamente bajos y el hecho de que buena parte de las prestaciones estén expresadas en pesos, lo que obliga a su revisión constante. Este aumento es incluso más bajo que el ridículo incremento al salario mínimo de 4.2 por ciento impuesto por el gobierno federal el pasado diciembre, producto de un juego tripartito carente de credibilidad.

En materia salarial la incertidumbre es muy alta, pues los órganos de gobierno de las propias universidades aprueban sus presupuestos sin contar con la autorización para cubrir el importe de los incrementos salariales anuales; cuando es conocido el porcentaje que responde al tope del primero de noviembre mencionado, sólo se autoriza a formalizar el ofrecimiento a los sindicatos unos cuantos días antes de que termine el periodo de revisión contractual, o el advenimiento de la fecha de estallamiento de las huelgas anunciadas.

El mecanismo de autorización presupuestal es otra fuente de precariedad e inconformidad que refleja claramente la falta de interés que tiene el gobierno federal en la educación pública superior. La propia Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior ha señalado la incertidumbre a la que se ven sujetos sus integrantes al no contar con presupuestos multianuales que les permitan una planeación de mediano y largo plazos.

Esta restricción gubernamental a las universidades se exhibe al canalizarse recursos sólo de 0.62 por ciento del producto interno bruto, porcentaje inferior incluso a lo asignado el año anterior. El gobierno federal ha optado por asignar 2 mil 500 millones de pesos a becas-crédito para estudiantes de 20 universidades privadas, política que ha sido severamente criticada, ya que por un lado limita el acceso de los jóvenes a las universidades públicas gratuitas y, por el otro, los compromete a una pesada carga en el futuro.

Este año, el caso de la Universidad Autónoma Metropolitana es aún más complejo. La Cámara de Diputados autorizó para el ejercicio 2012 una ampliación presupuestal de 70 millones de pesos que “serán destinados para atender la retabulación salarial de los maestros de dicha institución…”; sin embargo, el colegio académico de la universidad alegó razones de autonomía, que no aplica en estos temas, y decidió asignarlos al rubro de estímulos y becas, que no se integran el salario y tampoco, como en el resto de las universidades, se reconocen para garantizar las prestaciones de seguridad social, incluyendo la pensión. La inconformidad frente a esta decisión es justificada porque con esos recursos se podrían mejorar los salarios base del personal académico en un orden de 8 por ciento, calculado sobre una estructura salarial que se encuentra particularmente rezagada, incluso frente a otras instituciones educativas públicas, como los Centros Públicos de Investigación de Conacyt.

Una asignatura pendiente en esta materia es la obligada transparencia que deben asegurar las universidades respecto del sistema de remuneración a su personal de confianza, incluyendo los bonos y pensiones vitalicias que discrecionalmente se otorgan. Es claro que urge un estudio integral del tema para rediseñar una política laboral distinta, ya que, como bien lo han señalado profesores eméritos de distintas instituciones, el desarrollo académico se ha visto sujeto a criterios cuantitativos e índices contrarios a los supuestos principios de excelencia; también han advertido la urgente necesidad de crear condiciones para renovar la planta académica mediante un sistema de retiro que supere los 10 salarios mínimos que otorga el sistema de seguridad social del sector público.

Este modelo laboral exhibe ya sus límites; ha llegado el tiempo de evaluarlo de cara a las comunidades universitarias y del país entero. La gigantesca importancia de estas instituciones lo justifica. — con Santiago Chavarría y 6 personas más.

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