Democracia inexistente, una confirmación más

http://www.jornada.unam.mx/2013/08/08/opinion/014a2pol

Manuel Pérez Rocha

 

Ordena la Constitución: El Congreso de la Unión deberá expedir la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), así como las reformas a la Ley General de Educación correspondientes, a más tardar en un plazo de seis meses contado a partir de la fecha de publicación del presente decreto. Ese plazo vence el 25 de agosto. El Congreso inicia sus sesiones el día 20, por tanto dispondrá sólo de cinco días para estudiar, discutir y aprobar esa ley del INEE y las reformas a la Ley General de Educación.

¿Desacatará el Congreso el mandato constitucional o dará un trámite irresponsablemente precipitado a un asunto tan importante? Ocurrirá lo segundo y se habrá consumado un proceso más en el que se evidencia que la democracia en este país es una ficción y que decisiones de tanta trascendencia como la de la reforma educativa son tomadas mediante acuerdos cupulares, sin generar las consultas formales, mínimas, a los sectores legítimamente interesados. Sin duda los capitanes de esas cúpulas políticas sí estarán escuchando a los poderes fácticos (entre ellos Televisa y su membrete Mexicanos Primero), quienes se han ocupado de convertir a maestros y escuelas en chivos expiatorios del desastre nacional que los poderes fácticos han ocasionado.

El anteproyecto de ley del INEE que el Ejecutivo envío al Legislativo, al cual prácticamente no se ha dado difusión, tiene errores graves. A pesar de que la reforma a la Constitución, impuesta de manera precipitada y autoritaria, determina que La ley establecerá las reglas para la organización y funcionamiento del Instituto, dicho anteproyecto es excesivamente parco al respecto. En primer lugar habrá que insistir en que la ausencia de instancias formales de participación de los sectores legítimamente interesados (estudiantes, maestros, padres de familia) ocasionará que el INEE se convierta, tarde o temprano, en un aparato burocrático central y autoritario. En vez de introducir en su organización formal estas instancias de participación, el anteproyecto de ley repite inútilmente, como de relleno, disposiciones ya establecidas en la Constitución. La Carta Magna también dispone que La ley (del INEE) establecerá los mecanismos y acciones necesarios que permitan al instituto y a las autoridades educativas federal y locales una eficaz colaboración y coordinación para el mejor cumplimiento de sus respectivas funciones. Estos mecanismos y acciones están ausentes en el anteproyecto, o enunciadas genéricamente, de modo que aumenta el riesgo de que el INEE se convierta en un poder centralizado.

La reforma constitucional establece que para garantizar la prestación de servicios educativos de calidad, se crea el Sistema Nacional de Evaluación Educativa. La coordinación de dicho sistema estará a cargo del INEE. El anteproyecto de ley enuncia algunas finalidades y objetivos de este sistema (tan vagas como la siguiente: Ser un espacio de vinculación interinstitucional en donde se discutan y generen políticas para la evaluación), pero en ninguna parte define qué es este sistema, cuáles los elementos que lo componen ni las relaciones entre ellos y las relaciones de ese sistema con el exterior. Es grave también la ausencia total de los conceptos autoevaluación y coevaluación, y de las instancias y mecanismos que desarrollarían estas modalidades esenciales.

En el anteproyecto de ley que discutirá el Congreso la educación aparece como resultado del Sistema Nacional de Educación tal como lo define la Ley General de Educación, el cual está constituido por las instituciones escolares; ignora que no hay análisis serio de la educación contemporáneo que no reconozca que la educación es resultado de lo que se hace en las instituciones escolares, pero fuertemente condicionado por los efectos del exterior. La omisión de este determinante contexto, tanto en la definición del sistema nacional de evaluación educativa como en las tareas del INEE, impedirá que las evaluaciones sirvan para comprender la verdadera problemática educativa y aportar elementos para su solución.

Aparentemente, los autores de estos proyectos legislativos se percataron de que es un error confundir evaluación con medición (error ya plasmado en la reforma a la Constitución) y han incorporado el término valoración en las tareas del INEE. Sin embargo, esta compleja función, que debe ser esencia del instituto, es mencionada una vez y está ausente en el resto del anteproyecto, en el cual se reitera en la medición. Se reafirma, pues, una concepción técnica de la evaluación. Lo grave es que no están previstos mecanismos e instancias que deben definir los elementos centrales de la valoración –criterios–, definiciones que implican la solución de complejos retos políticos y filosóficos y en los cuales es esencial la participación de todos los actores interesados en la función educativa.

Minucias (y no tanto) en el Anteproyecto de ley del INEE: La expresión a nivel nacional es a todas luces incorrecta, por el uso de la preposición a (en vez de en) y por el hecho de que la nación no es nivel ni tiene niveles. De la misma manera, la expresión impulsar la cultura de la evaluación exhibe el descuido de los autores en el uso inculto del término cultura, imitación de quienes hablan de cultura del no pago o de cualquier otra cultura, en vez de hábito, costumbre, práctica, vicio o algún término semejante. Lo peor es la frase consecuencias formativas o sumativas de la evaluación. La expresión consecuencias sumativas carece de sentido y revela una confusión entre los momentos de la evaluación y sus funciones. Finalmente, hay que advertir el carácter amenazante y delicado del encargo que se hace al INEE de difundir públicamente los resultados de las evaluaciones de personas.

La participación amplia del magisterio en la elaboración y discusión de estos proyectos sin duda disminuiría la presencia de errores como los aquí señalados, y sobre todo, daría un mínimo de realidad a nuestra democracia.