Luis Hernández Navarro
A unos días de que
rinda su primer informe presidencial, Enrique Peña Nieto vive la más
grave crisis política de su sexenio. Las protestas de decenas de miles
de indignados maestros democráticos en la ciudad de México y en 20
estados han chocado con la incapacidad del conjunto de la clase política
para ofrecer una salida constructiva.
Gobierno federal, legisladores y partidos políticos no hallan cómo
salir del brete en que se metieron al aprobar la contrarreforma
educativa y las leyes secundarias en la materia. Colocados a la
defensiva, sin rumbo, se dedican a tratar de solucionar, día a día, sin
una visión de largo plazo, los desafíos de las acciones magisteriales.
Por lo pronto, el movimiento produjo ya sus primeras bajas. El
anuncio de que, con el regreso del Partido Revolucionario Institucional
(PRI), México emergía en la arena internacional como un jugador de
grandes ligas, bautizado por sus publicistas como MeMo, el mexican moment,
se hundió con los bloqueos magisteriales al Palacio Legislativo, el
Senado y el aeropuerto capitalino. El optimismo auspiciado por el
columnista del New York Times Thomas Friedman se esfumó entre movilizaciones sociales y la caída de la economía.
La crisis magisterial ha evidenciado la inexperiencia de los
políticos que hoy conducen el país. Rehenes por decisión propia de los
intereses empresariales y los grandes medios de comunicación
electrónicos, aprobaron una contrarreforma educativa que es copia y
calca de las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y
Desarrollo Económicos. Lo hicieron sin consultar a los directamente
afectados, los maestros, en tiempo récord: 11 días.
A partir de entonces han venido estallado, uno tras otro, focos de
inconformidad magisterial en 21 entidades. En lugar de procurar una
solución de fondo desde el principio, el gobierno respondió
administrándolos, amenazando a sus dirigentes, diciendo mentiras,
auspiciando campañas de desprestigio en su contra y ganando tiempo.
Apostó a que el paso del tiempo se diluiría el potencial contestatario
de la movilización.
Los legisladores de casi todos los partidos se comportaron con una
enorme arrogancia. Decidieron sobre las vidas de cientos de miles de
maestros sin ni siquiera escucharlos. No atendieron las documentadas
críticas que ellos y muchos especialistas hicieron a la nueva norma.
Rehuyeron el debate. Desairaron mayoritariamente los 10 foros acordados
entre la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y
la Secretaría de Gobernación. Despreciaron y se burlaron de los
maestros.
Los partidos que integran el Pacto por México acordaron la contrarreforma en lo oscurito.
Le impusieron al Legislativo sus acuerdos. Se reunieron en una sola
ocasión con la CNTE, en un encuentro auspiciado por la Secretaría de
Gobernación. Finalmente, optaron por hacer oídos sordos y avanzar en la
aprobación de las leyes secundarias, diciendo falsamente que habían
incorporado las observaciones de los maestros democráticos.
Lo hicieron, además, forzando el alcance de las modificaciones al
artículo tercero constitucional. En ellas se estableció que la Ley del
Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y la Ley General
de Educación tenían como fecha límite el 26 de agosto para su
aprobación. Sin embargo, no existe una sola referencia a que se tenga
que elaborar una ley sobre el servicio profesional docente, y, mucho
menos, una fecha límite para hacerlo.
De manera absolutamente esquizofrénica, el gobierno federal
defendió la contrarreforma difundiendo dos mensajes opuestos. Por un
lado, divulga la versión de que con la nueva norma no habrá afectaciones
a los derechos de los maestros, que éstos no tienen nada que temer y
que, quienes protestan lo hacen porque están mal informados. Pero,
simultáneamente, a través de Emilio Chuayffet y sus comunicadores, dice
que la reforma pone un freno a privilegios indebidos de los docentes y
su sindicato, y que su inconformidad se debe a la pérdida de esas
canonjías.
Al mismo tiempo, para enfrentar el descontento magisterial se ha
orquestado una campaña de satanización que ofende profundamente a los
mentores. No es nuevo. Las televisoras llevan años denigrando a los
profesores. Sólo que ahora le han subido el volumen a sus denuestos. Los
acusan de secuestrar a la niñez y a la educación, de ser vagos e
irresponsables, de tener grandes privilegios, de negarse a ser
evaluados. Por supuesto, nada de esto es cierto. La CNTE no defiende
prebendas, sino derechos ganados desde hace décadas y la educación
pública.
Ese humillante bombardeo mediático es eficaz para aislar a los
profesores de las clases medias pero tiene como resultado inevitable
indignarlos y radicalizarlos. Lejos de desmoralizarlos, ha hecho que
saquen la casta y que reafirmen su convicción de que la contrarreforma
no tiene que ver con la educación sino con acciones punitivas hacia
ellos.
Aterrados ante una protesta que, en lugar de retroceder se extiende
cada día, los empresarios, el Partido Acción Nacional (PAN) y el PRI,
exigen mano dura contra los maestros insumisos o amenazan con usarla.
Exigen al gobierno de la ciudad de México que use la fuerza pública para
meterlos al
orden. Deberían saber que un movimiento social en ascenso que es reprimido, se expande y radicaliza. La APPO en Oaxaca surgió de un paro y plantón de docentes que el gobernador Ulises Ruiz quiso desalojar de la plaza pública a toletazos.
El conflicto magisterial torpedeó ya el mexican moment y
lastimó severamente el Pacto por México. Si la clase política quiere
evitar que el costo sea mayor, lo peor que puede hacer para resolverlo
es apelar a la mano dura o pretender que se desgaste con falsas
promesas. Con las reformas energética y hacendaria en el horizonte
inmediato más le valdría buscar una salida negociada. Nada la obliga a
aprobar una ley del servicio profesional docente, cuya redacción no está
contemplada en la reforma al tercero constitucional. A menos que busque
hacer del resto de esta administración un infierno.
Twitter: @lhan55
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