| Es autor de diversos artículos y estudios en materia de justicia y derechos humanos. Profesor de derecho laboral y de seguridad social en la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco, asesor legal de diversas organizaciones civiles, de derechos humanos y laborales. Miembro de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), Consejero de la Comisión de Derechos Humanos del D.F. y de la “Casa de los Derechos de Periodistas”. mfuentesmz@yahoo.com.mx |
La política laboral de Marcelo Ebrard
04 Ene 2012
Una de las políticas de mayor rezago de los gobiernos emanados del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la ciudad de México ha sido la laboral. El rezago presupuestal y hasta políticas antisindicales han sido su principal característica. |
A la Secretaría del Trabajo del DF (STDF) la han mantenido con una operación mínima. El número de inspectores de trabajo apenas si llega a los 25 para vigilar el cumplimiento de las normas de trabajo en toda la ciudad de México. Más de 250 mil centros de trabajo están prácticamente sin vigilancia. Los empresarios hacen de las suyas, burlándose de la ley laboral y creando empresas fantasmas, outsourcings, para evadir responsabilidades.
El impulso de las cooperativas ha sido más por la decisión personal de Benito Mirón titular de la STDF y su equipo que por apoyo del Gobierno del D.F. Sin presupuesto, el proyecto cooperativo es uno de los hechos más notables de la política laboral, pero corre el riesgo de naufragar en los siguientes gobiernos.
La Procuraduría de la Defensa del Trabajo está rebasada; los abogados defensores son insuficientes y además con bajos salarios. Los trabajadores con problemas laborales acuden a ella con la esperanza de poder contar con el apoyo de una institución fuerte para lograr el pago de los adeudos que tienen con ellos. Pronto se dan cuenta que los patrones ofrecen pagos mínimos de una o dos semanas de indemnización y de no estar de acuerdo tienen que optar sin remedio acudir a la JLCADF.
La JLCADF es de las instituciones más abandonadas presupuestalmente. Su edificio ubicado en Rio de la Loza 68 de la colonia Doctores, a pesar de su ampliación cuenta casi con el mismo personal de hace 15 años, mientras que los conflictos se han quintuplicado.
Los juicios son prolongados y los trabajadores se percatan que no es una institución eficaz. “Los coyotes”, personas que se ostentan como abogados, están a la espera, en la puerta de la institución, para ofrecer su caso al mejor postor.
Es contradictorio que siendo el PRD quien gobierna la capital, con un discurso progresista apenas si se ha referido a ese tema. Cuando algunos de sus dirigentes han cuestionado esa política, lo hacen en voz baja, como para que no trascienda públicamente.
En las delegaciones políticas y hasta en el gobierno central se sigue fomentando los “contratos por honorarios” simulados para evadir prestaciones legales y de seguridad social. Laboran jornadas de hasta 12 horas o más, sin pago de tiempo extra, con la amenaza de que si no acatan estas labores serán despedidos.
Los contratos eventuales, sin estabilidad laboral, por varios años son una forma de evadir el cumplimiento de las responsabilidades laborales y estás son fomentadas desde el mismo gobierno del DF.
Existe también la contratación de empresas outsourcing en el gobierno de Ebrard para evadir responsabilidades laborales de todo tipo.
La reciente aprobación, el pasado 27 de octubre de 2011, de 323 requisitos por parte de la JLCADF para regular la existencia de sindicatos, huelgas, contratos colectivos de trabajo, juicios de titularidad, recuentos y hasta la entrega o no de documentos sindicales es un tema de extrema gravedad.
El gobierno de Marcelo Ebrard, a través de la JLCADF logró lo que Felipe Calderón no pudo llevar a nivel federal, que fue imponer una contra reforma laboral en perjuicio de las organizaciones sindicales y ahora estas acciones se aplican en la ciudad de México
No necesitaron en la JLCADF que el Congreso de la Unión aprobará esas modificaciones laborales. El documento que aprobó el Pleno de la JLCADF está compuesto de 44 páginas en el que se confecciona una versión de una nueva ley federal del trabajo para que la autoridad y los patrones minimicen la vida sindical y su ejercicio.
Permite a la autoridad laboral decidir cuando otorga o no el registro de un sindicato, cuando reconoce o no a un dirigente sindical o a un comité ejecutivo, además de permitir la intervención patronal en asuntos gremiales.
Ahora que diversos candidatos del PRD quieren gobernar la ciudad de México, deben fijar su posición en materia laboral. No puede propalarse un discurso progresista y en los hechos maniatar los derechos laborales.
Arrinconar a los sindicatos a una política de falta de respeto a sus derechos es condenar a los trabajadores a bajos salarios, malas condiciones de trabajo y anulación de su seguridad social. No se trata de cerrar empresas sino que estás respeten la ley y nada más.
Son tiempos para enmendar caminos.
Correo: mfuentesmz@yahoo.com.mx
Twitter: @Manuel_FuentesM
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